La DEA habría advertido planes del atentado terrorista para elecciones de marzo: alerta fue hecha hace más de un mes a las autoridades locales

El Ejército Nacional de Colombia está ampliando la información del operativo que llevó a la incautación de material explosivo y armamentístico fabricado en un taller clandestino de explosivos en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, con la que las autoridades evitaron un eventual atentado planeado para el domingo 8 de marzo de 2026.

El posible ataque habría sido planeado por el ELN, a través de uno de sus brazos criminales, con operación en el sur de la capital, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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Datos confirmados por Caracol Radio indican que las autoridades norteamericanas habrían tenido un conocimiento del posible atentado que habría buscado entorpecer la jornada electoral del 8 de marzo de 2026. De hecho, la agencia de Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) habría alertado a las autoridades colombianas un mes antes del operativo.

La acción militar condujo a la captura de dos personas y a la incautación de materiales con los que podría haberse ensamblado más de 70 artefactos explosivos improvisados. La información fue confirmada por el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez a través de su cuenta de X.

“Durante el registro y allanamiento a un inmueble utilizado como taller clandestino para la elaboración de explosivos, fueron hallados, entre otros elementos, munición de diferentes calibres, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, espoletas, pólvora y componentes para AEI. Los capturados harían parte de un grupo estructurado por establecer, con presuntos vínculos criminales con el grupo armado organizado ELN”, informó el Ejército Nacional de Colombia.

Así fue el operativo en la bodega clandestina

El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez detalló, a través de la red social X, que el procedimiento requirió la preparación logística del grupo armado ilegal para alterar el proceso electoral.

La acción ocurrió en las horas de la mañana del 25 de febrero de 2026, cuando fuerzas conjuntas lideradas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de agencias internacionales como DEA, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar, irrumpieron en un depósito artesanal oculto en la zona.

De hecho, las autoridades confirmaron el uso de drones y de infiltrados para poder dar con la bodega oculta.

Investigadores de inteligencia aseguraron que estos materiales estaban destinados a sabotear el proceso democrático de Bogotá, apuntando al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN como responsable del arsenal y del intento de atentado. La información obtenida señaló que la organización buscaba irrumpir en la elección mediante el uso de explosivos artesanales.

Las tensiones políticas agravan la incertidumbre en la víspera electoral

El hallazgo del depósito clandestino coincide con una escalada en el discurso político. El presidente Gustavo Petro anunció públicamente su decisión de no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2025.

Al referirse a “exclusiones arbitrarias” de precandidatos, Petro denunció la existencia de “un fraude electoral consumado” y condicionó su voto al tarjetón del Congreso, absteniéndose de participar en la consulta presidencial. De hecho, durante la tercera semana de febrero, el jefe de Estado acusó a la Registraduría de estar detrás del presunto “fraude”.

El mandatario vinculó su decisión a la negativa de las autoridades electorales frente a su solicitud de auditar el software de preconteo de votos. Petro manifestó su preocupación sobre la compañía Thomas and Greg and Sons, responsable de la mayor parte de tareas de escrutinio, asegurando que esta mantiene vínculos con los hermanos Bautista, quienes –según sus declaraciones– “buscan controlar la base de datos de documentos de los ciudadanos mediante maniobras judiciales”.

El presidente afirmó: “El Consejo Electoral habría obstaculizado el derecho a elegir y ser elegido, lo que exige garantías de supervisión externa sobre el sistema de conteo”.

Las autoridades han incrementado los protocolos de vigilancia y continúan las investigaciones para identificar a integrantes adicionales y redes logísticas vinculadas al caso.