El Consejo Gremial Nacional rechazó el uso del estado de emergencia invernal en Colombia que estableció el Gobierno de Gustavo Petro para promover reformas estructurales. El organismo calificó de “máxima gravedad” institucional que el Ejecutivo busque impulsar nuevos impuestos y cambios regulatorios de fondo al utilizar la coyuntura climática, al argumentar que estas medidas exceden el alcance y la finalidad transitoria definidas por la Constitución.
Dicho conflicto se da en medio de señales de deterioro en la confianza inversionista, cifras económicas desfavorables para el país frente a más de 140 economías, una tasa de desempleo entre las más elevadas de la región y cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la emergencia.
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Al respecto, el “gremio de gremios” remarcó que la emergencia obliga a respuestas urgentes y solidarias, pero rechaza que, ante la situación, el Ejecutivo gestione modificaciones estructurales en ámbitos tributarios, ambientales o contractuales. Señaló que, según el artículo 215 de la Constitución, solo son procedentes aquellas acciones encaminadas a atender la crisis puntual.
Para el Consejo, el ingreso de gravámenes extraordinarios y la alteración de compromisos bajo el estado de excepción comprometen la legitimidad democrática y los equilibrios normativos en Colombia.
“La emergencia demanda respuestas inmediatas del Gobierno, no transformaciones estructurales sin debate democrático”, puntualizó el gremio que preside Natalia Gutiérrez. Estas reformas, según el CGN, representan un peligro institucional y siembran incertidumbre entre los inversionistas, sobre todo, ante la propuesta de reformas como la de la jurisdicción agraria.
Riesgos para la seguridad jurídica y la inversión en Colombia
De igual forma, señaló que emplear el estado de emergencia para hacer cambios profundos en materia tributaria afecta los fundamentos de la seguridad jurídica y perjudica la previsibilidad regulatoria, ambos esenciales para la confianza de las empresas. Criticó la imposición de cargas sobre los ingresos brutos, la generación de tributos extraordinarios y la alteración de contratos, considerados factores que erosionan la confianza legítima y la separación de poderes.
“La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables”, argumentó el al resaltar que la inestabilidad normativa afecta el atractivo del país y limita el ingreso de capitales. Además, solicitó al Gobierno nacional mayor transparencia en los costos estimados de la emergencia y una explicación sobre los gastos que superen el presupuesto aprobado hasta 2026.
Críticas del sector empresarial a los nuevos impuestos
Sobre la situación, se pronunció también la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture. Insistió en que la crisis invernal debe afrontarse, primero, con los recursos que ya aportan todos los colombianos. Destacó que “plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría”.
Advirtió sobre el riesgo de recurrir a nuevos impuestos en medio de la emergencia, equiparando esta decisión a “marchitar el árbol que da frutos”. Según la dirigente, los recursos del sector productivo sostienen empleos, salarios e inversiones. “Es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos”, anotó.
Además, Lacouture señaló que la carga de recientes reformas —aumento del salario mínimo, reformas laborales y tributarias— junto a impuestos adicionales, pone en duda la sostenibilidad de las empresas. “Porque de tanto quitar hojas, sin riego y solo exprimir, se acaba el jugo”, alertó.
Impactos económicos: cifras y advertencias
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, hizo una evaluación crítica del entorno económico colombiano. Sostuvo que “no se puede ser más irresponsable porque es imposible”, preciso, cuando la economía colombiana crece de media tabla para abajo en más de 140 economías del mundo, la inversión extranjera directa está en terreno negativo y la inversión del sector empresarial en Colombia en relación al PIB es el peor dato en más de tres décadas en la historia de Colombia.
Resaltó que la tasa de desempleo figura entre las cuatro más altas de más de 41 países representativos, y que las metas de recaudo tributario del sector productivo llevan más de tres años sin cumplirse.
Criticó el nuevo impuesto al patrimonio al decir que es “totalmente antitécnico de patrimonio a las empresas”, por lo que planteó que estas medidas desincentivan la inversión y reducen la capitalización de utilidades. Ironizó al cuestionar “¿a alguien en su sano juicio se le ocurriría algo tan absurdo? Francamente, no sabe uno si lo que quieren es ayudarle a la economía o terminar de destruirla”.