Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenaron el cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona el 17 de febrero de 2026, mediante la la Resolución 091, suspendiendo el ingreso de visitantes nacionales y extranjeros al emblemático destino en la costa norte de Colombia y generando preocupación en el sector turístico y comercial de Santa Marta, departamento del Magdalena.
El cierre respondió a tensiones históricas en la gestión del área protegida, donde confluyen intereses de las comunidades indígenas, el Estado y sectores económicos.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El Parque Tayrona ha sido escenario recurrente de reclamos sobre derechos ancestrales, gestión ambiental y explotación turística. En los últimos años, el Gobierno colombiano implementó cierres periódicos, motivados por negociaciones con líderes indígenas que reivindicaron usos tradicionales del territorio, buscando equilibrar la conservación con el desarrollo económico.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la asociación de ciudades capitales de Colombia, exigió la reapertura inmediata del parque, advirtiendo sobre el impacto negativo para la economía local por la interrupción de servicios y el flujo turístico internacional.
La medida dejó en vilo a operadores turísticos, hoteles y restaurantes de Santa Marta, ciudad que depende del atractivo de Tayrona para mantener su dinamismo económico.
Reclamos del sector turismo y tensiones con comunidades indígenas
Directivos de Asocapitales alertaron que la afectación económica ya se reflejaba en pérdidas diarias de hasta $2.500 millones para el sector turístico, obstaculizando la proyección internacional de la región. El gremio recordó que el turismo genera más de 15 mil empleos directos e indirectos en la zona, y advirtió riesgos de pérdida de competitividad frente a otros destinos del Caribe.
El parque, uno de los más visitados del país, tradicionalmente recibe cerca de 450 mil turistas al año, según cifras oficiales. Su cierre forzado provocó largas filas de viajeros en los accesos, quienes, según constató Blu Radio, desconocían la decisión del Gobierno y se encontraron con restricciones inesperadas.
Pese a la prohibición vigente, comunidades indígenas autorizadas por el Gobierno procedieron a la reapertura parcial del parque en algunos trayectos, estableciendo su propio sistema de cobro para los turistas, según denuncias realizadas pro varios meidos de comunicación locales.
Esta situación generó confusión tanto para operadores turísticos como para visitantes extranjeros, quienes consultaron insistentemente sobre la legalidad de los pagos y la seguridad en las rutas habilitadas.
Debate sobre autonomía indígena y administración del parque
La autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales de Colombia justificó el cierre por la aparición de “riesgos públicos”, entre ellos tensiones no resueltas con comunidades locales y la necesidad de preservar ecosistemas frágiles. Mientras tanto, representantes indígenas defendieron su derecho a gestionar los ingresos y el acceso a Tayrona en respeto a su cosmovisión y prácticas ancestrales.
Portavoces de Asocapitales enfatizaron la urgencia de encontrar una solución que no comprometa la sostenibilidad ambiental ni el derecho de las comunidades, pero exigieron claridad en la administración de los servicios y la transparencia en la recaudación de recursos provenientes del turismo.
El llamado incluyó la creación de una mesa de diálogo urgente entre el Gobierno central, los representantes indígenas y los gremios turísticos. El objetivo sería establecer reglas claras que permitan reactivar el flujo turístico de manera sostenible, garantizando seguridad jurídica a los empresarios y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
El cierre del Tayrona coincidió con la temporada alta de visitantes internacionales y alteró la llegada de turistas procedentes de Estados Unidos, Europa y Brasil.
El acceso al Parque Nacional Natural Tayrona fue suspendido por disposición del gobierno colombiano también como respuesta a presiones y actividades ilegales que, de acuerdo con el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, serían atribuibles a la banda Los Pachenca, liderada por alias Bendito Menor.
La decisión surgió tras la circulación de videos en redes sociales con amenazas directas a la jefa del área protegida. Además, se detectaron bloqueos en el punto de ingreso El Zaino, donde miembros de comunidades locales e indígenas impidieron el acceso al personal e implementaron cobros no autorizados a visitantes.
Banda Los Pachenca y acciones ilegales dentro del parque
El ministro Pedro Arnulfo Sánchez declaró a Caracol Radio que la estructura Los Pachenca, bajo el mando de alias Bendito Menor, estaría coordinando acciones de extorsión y presión sobre comunidades para que actúen en contra de las autoridades.
Sánchez detalló: “Están generando, de acuerdo con la información que tenemos, extorsión y presionando a ciertas comunidades para que actúen en contra de las acciones legales”. Aseguró que estas prácticas se vinculan con los recientes episodios de intimidación, bloqueos y alteraciones del ingreso reglamentado al parque.
El funcionario destacó que la sucesión de actos ilícitos “escalaron progresivamente hasta hacer necesaria la decisión de un cierre temporal del Parque Tayrona por unos 15 días mientras se soluciona ese problema de seguridad”. Este lapso fue definido como el tiempo mínimo indispensable para intentar restaurar el orden y la seguridad en el área protegida.
La respuesta oficial ante este panorama incluye la coordinación entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y las autoridades militares y policiales para concertar acciones inmediatas. Sánchez destacó que parte del proceso consiste en articular el diálogo con las comunidades indígenas y establecer medidas que permitan contrarrestar la influencia del grupo armado en la región.
Parques Nacionales recalcó que los hechos registrados afectan tanto al equipo del parque como a la Dirección territorial Caribe, con sede en Santa Marta. La alerta institucional advierte sobre el “riesgo inminente a la vida e integridad del personal que labora en el Parque Tayrona y, eventualmente, a los de la Dirección territorial Caribe”.
El ministro insistió en que el parque “le pertenece a Colombia” y que debe garantizarse el ejercicio exclusivo de actividades legales en su interior, reiterando la prioridad de restablecer el control sobre el área protegida antes de reabrirla al público.