Un aumento de hasta el mil por ciento en los avalúos catastrales de predios rurales tiene en alerta a miles de pequeños ganaderos en Colombia, quienes advierten que el incremento podría traducirse en una carga tributaria imposible de asumir y poner en riesgo su permanencia en el campo.
La advertencia fue hecha por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que expresó su preocupación por los efectos económicos que estos reajustes podrían generar sobre el sector rural, especialmente entre los pequeños productores, que representan cerca del 82% de la actividad ganadera en el país.
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El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, aseguró que el incremento en los avalúos catastrales tiene consecuencias directas sobre el impuesto predial, lo que incrementa los costos fijos que deben asumir los propietarios de tierras rurales, independientemente de su nivel de ingresos o productividad.
“El reajuste de los avalúos catastrales y el consecuente pago del impuesto predial representan un duro golpe para la productividad del campo colombiano”, afirmó el dirigente, quien también advirtió que muchos productores operan con márgenes reducidos y no tienen capacidad para absorber incrementos tributarios de esta magnitud.
El avalúo catastral es el valor asignado a un predio por el Estado y sirve como base para calcular impuestos como el predial. Cuando este valor aumenta de forma significativa, el monto del impuesto también se incrementa, lo que puede impactar directamente las finanzas de los propietarios rurales.
De acuerdo con el gremio, esta situación resulta especialmente compleja en regiones donde la actividad ganadera enfrenta dificultades estructurales como la falta de infraestructura, el limitado acceso a servicios públicos y condiciones de seguridad que afectan la productividad.
Estas condiciones, según Fedegán, reducen la rentabilidad de los predios rurales, por lo que un incremento en el avalúo que no refleje esa realidad puede generar una carga tributaria desproporcionada frente a los ingresos reales de los productores.
Para muchos pequeños ganaderos, el aumento del impuesto predial no solo representa un mayor gasto, sino un factor que puede comprometer la viabilidad de su actividad económica. En algunos casos, esto podría traducirse en la necesidad de endeudarse, reducir la producción o incluso vender sus tierras para poder cumplir con las obligaciones fiscales.
El impacto también podría extenderse más allá del sector rural. El aumento en los costos de producción suele trasladarse al consumidor final, lo que podría influir en el precio de alimentos como la carne y otros productos derivados de la actividad ganadera.
El gremio señaló además que existen factores externos que afectan el valor productivo de la tierra, como el acceso limitado a vías, la inseguridad y la falta de servicios, que deberían ser considerados al momento de realizar los avalúos.
En ese sentido, Fedegán solicitó una reunión urgente con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda Morales, entidad responsable de la gestión catastral en el país, con el fin de revisar los criterios utilizados en la actualización de los valores de los predios rurales.
El objetivo, según el gremio, es garantizar que los avalúos reflejen las condiciones reales de productividad y no generen distorsiones que afecten la sostenibilidad económica de los productores rurales.
La preocupación en el sector ganadero crece ante la posibilidad de que estos incrementos se consoliden en el corto plazo, lo que podría afectar la estabilidad financiera de miles de familias que dependen de esta actividad.
Para los pequeños productores, la tierra no solo representa su principal activo económico, sino también su fuente de sustento y estabilidad. Por ello, cualquier cambio que incremente significativamente los costos asociados a su propiedad puede tener efectos profundos en su calidad de vida y en la permanencia de la actividad productiva en el campo colombiano.
El gremio insistió en la necesidad de revisar el proceso para evitar afectaciones desproporcionadas y garantizar condiciones que permitan la continuidad de la producción ganadera, considerada un sector clave para la economía rural y la seguridad alimentaria del país.