El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que estableció un incremento del 23% al salario mínimo para 2026 en Colombia, decisión que afecta de inmediato a más de 1,1 millones de pensionados Colombia que reciben ese monto cada mes. El tribunal exigió al Gobierno nacional expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto que cumpla los criterios técnicos previstos por la ley y ordenó que, mientras tanto, los pagos se efectúen con base en el salario anterior.
La decisión judicial se fundamentó en que el Gobierno no justificó el aumento conforme a los parámetros tradicionales fijados por la Ley 278 de 1996, como la inflación, la productividad y el Producto Interno Bruto. En su lugar, el decreto suspendido utilizaba conceptos como “salario vital familiar” y “brecha de suficiencia material”, que carecen de respaldo legal dentro del marco nacional.
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Y es que los magistrados remarcaron que las herramientas legales para determinar el salario mínimo 2026 son inalterables y no pueden sustituirse por estudios internacionales ni por variables no autorizadas. Para evitar vacíos legales que perjudiquen a trabajadores y jubilados, el Consejo de Estado ordenó mantener el salario anterior durante la semana que se demora el nuevo ajuste.
El impacto para quienes reciben pensiones fue inmediato. Antes del decreto ahora suspendido, 1.029.209 jubilados percibían una mesada igual al salario mínimo. Ante el incremento del 23,7%, la cifra aumentó hasta 1.138.378 personas, ya que muchos que antes recibían apenas más del mínimo se equipararon con el nuevo básico.
Aquellos afiliados que tenían pensiones mayores al mínimo experimentaron reajustes solo en función de la inflación, en torno al 5%, lo que hizo que numerosos jubilados pasaran a recibir la mesada básica.
Estabilidad de Colpensiones
Al respecto, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, dijo a Semana que “Colpensiones cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender las obligaciones pensionales según los valores e incrementos definidos legalmente”. Afirmó que la estabilidad operativa está garantizada, sin importar cuál sea la decisión final que adopte la justicia.
Sobre el futuro inmediato, el funcionario insistió en que la medida judicial es transitoria y no alterará pagos ya hechos. “La medida del Consejo de Estado es provisional y no tiene efectos retroactivos. Lo técnica y jurídicamente correcto es determinar el alcance definitivo una vez se produzca la decisión de fondo”, explicó.
Protección jurídica
El presidente de Colpensiones reiteró la protección jurídica existente. “Los derechos pensionales son irrenunciables”, resaltó. Añadió que la misión de la entidad es acatar las normas que surjan conforme lo determine la justicia, y puntualizó que la estructura institucional ya está preparada para todos los posibles escenarios normativos.
Mientras se espera la emisión del nuevo decreto, la administración de pensiones se mantiene sin modificaciones. Las mesadas continúan pagándose bajo el esquema anterior y se ajustarán únicamente cuando el Gobierno precise el valor definitivo del salario mínimo, según lo confirme la autoridad judicial. Dussán indicó al medio que “nuestra responsabilidad es ajustar los procesos operativos a las normas que se vayan expidiendo”, con lo que aclaró que Colpensiones no define incrementos, sino que cumple y ejecuta los lineamientos oficiales.
Frente a la inquietud por posibles devoluciones de dinero o rebajas en los pagos, explicó que la disposición judicial vigente no obligará a descuentos en giros ya efectuados ni a retenciones hasta que exista una decisión definitiva. Para los afiliados, la seguridad jurídica y la continuidad en el servicio están plenamente protegidas.
Reforma pensional: porcentaje del aumento
En el plano legal, el proceso de la reforma pensional prosigue en la Corte Constitucional, que deberá armonizar su aplicación con el salario mínimo vigente una vez se apruebe. El porcentaje final del aumento lo determinará de manera exclusiva el Gobierno, conforme a lo que fijen la ley y las resoluciones judiciales. Los ajustes futuros en las mesadas se harán de manera ordenada a fin de evitar confusiones y garantizar los derechos adquiridos.
De cara a la expedición del nuevo decreto, la gestión interna en Colpensiones avanza y la fijación definitiva del salario mínimo 2026 dependerá de la decisión de fondo del Consejo de Estado, mientras se mantienen abiertos todos los mecanismos de consulta y comunicación con los beneficiarios.
Para más de un millón de jubilados, la prioridad será mantener la regularidad de los depósitos conforme indiquen las normas legales, hasta que en las próximas semanas se defina un marco estable, respaldado tanto por la ley como por la justicia, según remarcó Revista Semana.