Las decisiones del presidente Gustavo Petro, sobre el retiro de altos mandos de la Policía Nacional han generado gran controversia. Como pudo verse con los duros señalamientos de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que denunció que la salida de los oficiales estaría relacionada con represalias por la captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en julio de 2024, y la incautación de pruebas sobre presuntos vínculos entre el Gobierno y grupos criminales.
Miranda atribuyó la destitución del general Edwin Urrego Pedraza y, del mismo modo, el llamado a calificar servicios del coronel Óscar Miguel Moreno a supuestas represalias. “El Gobierno sacó al general por un ‘anónimo’ que hablaba de un supuesto plan para entrampar al Presidente en EE. UU.”, afirmó Miranda, que reiteró que lo oficiales son los mismos que participaron en la captura del guerrillero y la incautación de material probatorio sobre posibles conexiones ilícitas.
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La parlamentaria, que aspira dar el salto al Senado, lanzó interrogantes al Ejecutivo, al cuestionar la transparencia de las decisiones. “¿Por qué no se ha bombardeado ninguna estructura de alias Calarcá? ¿Por qué circulan versiones de una supuesta coordinación entre el gobierno y las disidencias para golpear a alias Mordisco? ¿Por qué en la última masacre primero hablaron de ‘muertos en combate’ y luego Medicina Legal reportó tiros de gracia?”, expresó la mujer.
Para Miranda, las circunstancias en las que se produjeron estos llamados a calificar servicios muestran, desde su perspectiva, “demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta” y por ello insistió que “Colombia necesita verdad, no silencios”. Lo anterior, al sugerir que se estarían registrando en este caso situaciones a todas luces anómalas, que exigen claras respuestas no solo por parte del jefe de Estado, sino de sus asesores.
Los motivos por los que Gustavo Petro prescindió del General Urrego y el coronel Moreno
Según se pudo establecer, la decisión de retirar al general Urrego Pedraza se produjo tras un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que alertaba sobre un presunto complot para introducir narcóticos en el vehículo presidencial. Este supuesto plan buscaba, según el documento, empañar la imagen del presidente antes de una reunión estratégica con el exmandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, la cual se llevó a cabo el 3 de febrero.
En las revelaciones, se indicó qu la información que sustentó la decisión presidencial provino principalmente de un correo anónimo y de un informe que algunos sectores han tildado de “escueto” y carente de pruebas materiales contundentes. El proceso, de hecho, incluyó elementos controvertidos, pues el abogado mencionado en el informe de la DNI negó su participación y denunció una posible suplantación de identidad, lo que agravaría las sospechas.
Además, el coronel Moreno, que meses antes de ser vinculado a la investigación había sido condecorado por el propio Petro con la Cruz de Boyacá, máxima distinción estatal, enfrenta un proceso judicial que ha profundizado la discusión sobre la estabilidad dentro de la línea de mando policial. El impacto de las decisiones presidenciales ha alcanzado tanto al sector castrense como político, al verse cómo siguen sin darse mayores explicaciones sobre lo acontecido.
El general Urrego Pedraza, hasta su retiro como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, rechazó de manera categórica las acusaciones y calificó el procedimiento como “una cuenta de cobro política” y solicitó que se investigue el origen de la información que lo vincula con el supuesto complot. Entretanto, oficiales retirados y miembros de la oposición han criticado que se aparte a altos mandos basándose en informes anónimos y sin un proceso judicial previo.
Y todo porque la decisión ha provocado inquietud sobre la confianza y la solidez institucional en las fuerzas armadas y la policía, teniendo en cuenta que los recientes operativos en los que participaron los oficiales removidos derivaron en la incautación de pruebas que comprometerían a integrantes del Gobierno con estructuras criminales. En el caso del general Urrego, el alto oficial se desempeñaba como comandante en Barranquilla antes de su traslado.
Estas acciones, según Miranda, explican la presión ejercida desde el Ejecutivo. "Casualmente, son los mismos oficiales que capturaron a alias Calarcá e incautaron pruebas sobre presuntos vínculos del gobierno con estos criminales“, denunció la congresista. En su defensa, algunas voces del oficialismo han defendido la decisión presidencial, argumentando la necesidad de proteger la seguridad del presidente y la institucionalidad.