La ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona, enfrenta denuncias tras revelarse que su madre y su hermano firmaron contratos estatales en enero de 2024, poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
La congresista Jennifer Pedraza presentó la denuncia, subrayando la proximidad de las fechas y la limitación legal para nuevos acuerdos.
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El caso involucra a Salim Kadamani, hermano de la ministra y diseñador de modas. El 24 de enero suscribió un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Seis días después, el 30 de enero, firmó otro acuerdo con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambas contrataciones ocurrieron en el periodo inmediato a la imposición de las restricciones legales.
Por parte materna, Alexandra Fonrodona obtuvo en enero tres contratos estatales que suman 313 millones de pesos.
Según archivos obtenidos por El Tiempo, uno de ellos por más de $126 millones, que corresponde a servicios profesionales para la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional de la Superintendencia de Salud.
Otro contrato, superior a los $70 millones, fue con el Ministerio del Interior para apoyar la dirección de asuntos religiosos. Un tercer acuerdo por $116 millones contemplaba tareas de asistencia técnica en estrategias de comunicación para el Ministerio de Salud.
La relevancia legal de la denuncia aparece porque la Ley de Garantías impide ciertas contrataciones estatales antes de jornadas electorales, que busca evitar el uso indebido de fondos públicos. Las fechas de los contratos documentadas coinciden con el periodo inmediatamente previo a la aplicación de la norma.
En respuesta, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado firmado por Kadamani Fonrodona. La funcionaria aseguró que “no ha intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación en el que haya participado su madre o su hermano”.
La ministra añadió que ambos “son profesionales que como cualquier ciudadano colombiano tienen derecho a ejercer su profesión”. Según su postura, la inhabilidad legal por parentesco solo se da si existe relación directa entre el servidor público y la entidad que celebra el contrato, condición que, afirma, no se cumple en estos casos.
Kadamani también recalcó que la declaración de parentesco de sus familiares fue registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), y que esa información es pública y accesible.
Finalmente, la ministra expresó que las acusaciones sobre posibles irregularidades carecen de sustento jurídico y desconoce, en su opinión, los derechos profesionales de quienes ejercen la función pública.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones admite contratación del hermano de la ministra
Una controversia por la contratación de Salim Kadamani Fonrodona en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha generado cuestionamientos sobre presunto nepotismo e irregularidades, después de que se conoció que el hermano de la ministra Yannai Kadamani Fonrodona firmó en marzo de 2025 un contrato de prestación de servicios por más de 50 millones de pesos y con duración de seis meses, según informó Revista Cambio.
El debate público se intensificó cuando la ministra fue defendida por el presidente Gustavo Petro, que, frente a las críticas, respondió con ironía en su cuenta de X: “Jajajjaja. No pueden atacar al gobierno con argumentos y quieren construir su historia, que no es la mía”.
Petro también justificó la presencia de la ministra de Cultura en eventos oficiales, subrayando que “la espada de Bolívar es patrimonio nacional” y que funcionarias especializadas supervisaron su resguardo en todo momento.
De acuerdo con la viceministra de Transformación Digital, Yeimi Carina Murcia —que firmó el contrato cuando era directora de la Dirección de Apropiación TIC—, el programa CiberPaz exigía perfiles con experiencia en el trabajo con comunidades étnicas. Murcia sostuvo que, si bien Salim Kadamani tiene formación en diseño de modas, su trayectoria como gestor social en asociaciones indígenas justificaba su selección, y las funciones del cargo estaban enfocadas en comunicación y gestión social.