El Ministerio de Defensa de Colombia enfrenta una investigación por una presunta trama de corrupción en la adquisición y control de repuestos destinados a vehículos blindados donados por Estados Unidos al Ejército Nacional.
El caso, que fue remitido a la Fiscalía 218 contra la administración pública y revelado por el medio Semana, expone posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos y compras irregulares de insumos militares, con implicaciones directas en la seguridad de los soldados y en la transparencia de la gestión de recursos estratégicos.
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Según el informe oficial, las irregularidades se concentran en la compra de repuestos para los vehículos M113A2, conocidos como “Oruga”, y los ASV M117 4x4, equipos transferidos por el Gobierno estadounidense en el desarrollo de la cooperación bilateral.
La auditoría detectó incrementos desproporcionados en los precios, falta de trazabilidad en los componentes adquiridos y deficiencias graves en los procesos de planeación y supervisión contractual.
Uno de los hallazgos más llamativos es el sobrecosto de hasta 961% en dólares en ciertos repuestos. El documento señala que un enfriador para radiador de motor, cuyo valor en 2023 era de 3.142 dólares, fue adquirido en 2024 por 30.184 dólares.
Además, el mismo componente habría sido comprado casi simultáneamente en dos contratos distintos por valores cercanos a 30.188 dólares cada uno. Para los auditores, estos incrementos no fueron sustentados con análisis técnicos ni estudios de mercado que justificaran la variación, y tampoco se tuvo en cuenta el valor histórico de referencia.
La situación se agrava con la adquisición de repuestos de segunda mano o remanufacturados sin identificación numérica. Esta práctica, de acuerdo con Semana, compromete la trazabilidad de las piezas y dificulta garantizar que cumplan con los estándares exigidos por el fabricante.
En vehículos destinados a operaciones de alto riesgo, la ausencia de control sobre el origen y certificación de los componentes puede traducirse en fallas mecánicas críticas en zonas de conflicto.
La auditoría a la Dirección de Adquisiciones del Ejército identificó, además, fallas en la planeación y supervisión de los contratos. Se encontraron documentos sin firmas válidas, cotizaciones idénticas con la misma fecha y radicado, e inconsistencias en los registros administrativos.
También se evidenció la aceptación de elementos “intercambiables”, pese a que las especificaciones técnicas exigen piezas nuevas, recientes y certificadas bajo estándares estrictos del fabricante.
Otro aspecto cuestionado es la falta de transparencia en la publicación de información clave en el sistema Secop II.
El informe señala que no se difundieron de manera oportuna y completa documentos fundamentales de los procesos contractuales, lo que habría vulnerado el principio de selección objetiva y abierto la puerta a posibles adjudicaciones directas sin suficiente publicidad. Esta omisión limita el control ciudadano y de los organismos de vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
El escándalo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto de cooperación bilateral con Estados Unidos. Desde 2021, Washington ha destinado más de 117 millones de dólares en apoyo a Colombia, incluyendo la entrega de los 145 vehículos blindados M1117 como parte de un programa para fortalecer la capacidad operativa en zonas afectadas por el narcotráfico y grupos armados ilegales.
Estos vehículos, diseñados para resistir ataques armados y explosivos, representan un salto cualitativo en la protección de las tropas desplegadas en áreas de alto riesgo.
Durante la ceremonia de entrega en la base de Tolemaida, el encargado de negocios estadounidense destacó que el objetivo del apoyo es reforzar la seguridad de los soldados y la protección de la población civil. Autoridades militares colombianas han subrayado que la incorporación de estos blindados ha permitido reducir significativamente la vulnerabilidad de las tropas en operaciones.
Sin embargo, el informe advierte que las presuntas irregularidades en la compra de repuestos podrían poner en entredicho la sostenibilidad y seguridad de estos equipos.
Si los componentes no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o presentan fallas por su origen incierto, el impacto podría traducirse en riesgos operativos para los uniformados.
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