El futuro judicial de los exdirectivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) entra en una semana decisiva.
El proceso se centra en presuntas irregularidades en contratos suscritos entre 2020 y 2021 con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que suman más de 18.000 millones de pesos, y de los cuales la Fiscalía señala posibles apropiaciones indebidas por al menos 2.481 millones.
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En medio de la audiencia para definir si se impone medida de aseguramiento, las defensas de las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya pidieron al juez que no se dicte ninguna medida privativa de la libertad en su contra.
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Argumentan que no existen pruebas directas que las vinculen con hechos de corrupción ni riesgos procesales que justifiquen restricciones, y que la imputación se basa más en su cargo jerárquico que en actos concretos.
El proceso, que también involucra al exdirector del ente metropolitano Juan David Palacio, gira en torno a seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí bajo la figura de contratación directa por “apoyo a la gestión”.
Según la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín, en esos convenios —que suman más de 18.000 millones de pesos— se habrían presentado apropiaciones indebidas por al menos 2.481 millones.
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Durante la más reciente sesión ante el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías, los abogados de Roldán y Montoya se opusieron de manera frontal a la solicitud de la Fiscalía de imponer medidas restrictivas.
La audiencia fue suspendida y se reanudará el 16 de febrero, fecha en la que intervendrán la Procuraduría y la representación de la entidad afectada antes de que el juez adopte una decisión de fondo.
El abogado Luis Carlos Villegas, defensor de Ana María Roldán, argumentó que el ente acusador no logró acreditar un beneficio patrimonial, enriquecimiento ilícito o ventaja funcional derivada de los contratos cuestionados.
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Según su intervención, la imputación se sustenta en la posición jerárquica que ocupaba su representada dentro de la Subdirección Ambiental, pero no en actos concretos que evidencien participación en un direccionamiento indebido.
En la misma línea, la defensa de Diana María Montoya insistió en que su representada actuó dentro del espacio administrativo de sus funciones y que desde su desvinculación del sector público en 2024 no ostenta cargos que le permitan incidir en recursos estatales.
Además, subrayó que no registra antecedentes penales y que no existen elementos que demuestren riesgo de fuga, obstrucción a la justicia o reiteración delictiva.
La Fiscalía sostiene que los contratos se habrían estructurado de forma irregular al incluir actividades y suministros que no encajaban en la modalidad excepcional de apoyo a la gestión. También plantea que desde la Subdirección Ambiental se habría promovido un direccionamiento contractual y que Juan David Palacio habría realizado “nombramientos estratégicos” en la entidad.
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Entre las pruebas mencionadas por el ente acusador figuran correos electrónicos y conversaciones de chat aportadas por una testigo colaboradora bajo principio de oportunidad. En esos intercambios se haría referencia a una presunta estructura de direccionamiento que involucraría a varios funcionarios y terceros.
Sin embargo, las abogadas de las exsubdirectoras calificaron de “desproporcionada” la solicitud de medida privativa de la libertad.
En su criterio, la Fiscalía no ha demostrado que sus defendidas hayan ordenado, firmado o supervisado actos ilegales ni que hayan intervenido de manera directa en la adjudicación de los contratos. También recalcaron que la jerarquía dentro de una entidad no implica responsabilidad automática por decisiones adoptadas en distintos niveles administrativos.
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En el caso de Juan David Palacio, su defensa ha sostenido que el exdirector no era ordenador del gasto y que las funciones contractuales estaban delegadas en subdirectores con autonomía técnica.
El abogado Andrés López Figueroa afirmó que su cliente actuó bajo el principio de confianza legítima en sus subalternos y negó que hubiera impartido instrucciones para direccionar contratos o alterar procedimientos.
La Fiscalía también señaló que, al dejar el cargo, Palacio habría instruido el formateo de computadores con la intención de borrar información relevante. La defensa replicó que dicho procedimiento obedecía a protocolos normales de empalme y que los archivos institucionales permanecen respaldados.
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Además de los exdirectivos del Amva, en el proceso se encuentran privados de la libertad el director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid Jaramillo, y la funcionaria María Yaneth Rúa García. Otro exfuncionario de Bomberos Itagüí también figura vinculado a la investigación.
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