Tras suspensión del salario mínimo, Álvaro Uribe se refirió a decisión del Consejo de Estado: “El país paró la inversión”

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en Colombia, tras el incremento del 23,7 %, el mayor registrado en la historia del país.

La medida, anunciada como cautelar, obliga al Gobierno a expedir en los próximos ocho días un nuevo decreto que respete parámetros técnicos y constitucionales, devolviendo así la responsabilidad al Ejecutivo de ajustar la cifra bajo lineamientos estrictos.

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La decisión del alto tribunal responde a varias demandas que señalaron la ausencia de fundamentos como inflación, productividad, crecimiento del PIB y meta inflacionaria en el cálculo del salario mínimo.

El Consejo de Estado explicó que la suspensión busca proteger el objeto del proceso y garantizar la efectividad de una sentencia definitiva, sin anticipar si el decreto será anulado en el fondo del litigio.

Desde el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró: “En el Centro Democrático no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Aquello a lo cual nos oponemos es que este país paró la inversión, la violencia, el narcotráfico, la carga de impuestos, el desgreño, la explosión del tamaño del Estado. Eso es lo que hay que corregir. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo”.

Uribe resaltó la necesidad de reducir costos estatales e impuestos para fortalecer la economía y proteger tanto a empresarios como trabajadores.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, enfatizó la urgencia de que el Gobierno cumpla con las exigencias judiciales para no frustrar las expectativas salariales de millones de colombianos.

“Le exigimos al Gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula”, afirmó Paloma Valencia.

Reconoció que muchos, sobre todo los pequeños empresarios, se sienten agobiados con las alzas del salario, “pero desde aquí se los decimos claramente”.

La candidata añadió que, de llegar a la presidencia el 7 de agosto, “vamos a bajar drásticamente los impuestos. Nosotros queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios”.

Explicó que su enfoque busca que todos prosperen: trabajadores, empresarios, informales y quienes tienen un pequeño negocio. “Esa es la manera como construimos la economía fraterna, porque Colombia puede salir unida hacia adelante”.

El representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Gaviria, también del Centro Democrático, puso el foco en la informalidad laboral. “La obsesión del nuevo gobierno debe ser bajar la informalidad. El decreto del salario mínimo no puede originarse en una idea suelta del presidente de turno. La meta tiene que ser que la inmensa mayoría de colombianos ganen más que el mínimo, pero para eso necesitamos más empresas”.

El fallo del Consejo de Estado establece parámetros estrictos para el nuevo decreto: la cifra debe fundamentarse en la meta inflacionaria establecida por el Banco de la República, las mediciones de productividad del Comité Tripartito y el crecimiento del PIB, con datos completamente documentados. El Gobierno debe exponer el tipo de valoración aplicada, la justificación de cada criterio y los informes oficiales utilizados para sustentar el aumento.

En cuanto a los antecedentes, en 2017 el Consejo de Estado también anuló un decreto de salario mínimo, pero en esa ocasión por considerar insuficiente el monto, obligando al Gobierno a revisarlo al alza. En el caso actual, la objeción es que el incremento de 23,7 % carecía de sustento técnico, lo que derivó en la suspensión.

El nuevo decreto transitorio regirá desde el 1° de enero de 2026 y estará vigente hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la validez del acto administrativo original. El Consejo de Estado aclaró que no ordena modificar el monto, que podría mantenerse en 2 millones de pesos con subsidio de transporte, siempre que el Gobierno justifique detalladamente la cifra y la metodología empleada.