La Fundación San José enfrenta nuevas acusaciones tras la denuncia de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que reveló que la entidad habría firmado un contrato por $12.500 millones para enseñar japonés a comunidades vulnerables del Magdalena.
“Imagínense contratar a la Fundación Universitaria San José para que le enseñe japonés a la población más pobre y vulnerable de los municipios del Magdalena que no saben escribir ni leer español”, dijo la servidora en la red social de X.
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Según la denuncia, la contratación se realizó entre 2022 y 2023 con el objetivo de capacitar a 30.000 personas, principalmente víctimas del conflicto armado, población rural, campesina, grupos étnicos y personas con discapacidad en varios municipios del departamento.
“Si la lengua oficial de esos municipios fuera el japonés, se entendería, pero es el español”, señaló la congresista.
Las posibles irregularidades del contrato, señaladas por Juvinao
Juvinao informó que tras la indagación conoció que ese contrato fue recibido por la institución académica en una licitación pública “fue tipo sastre, visiblemente amañada, con un único oferente, en donde además se surgieron muchos cambios, tanto en las condiciones del contrato como en los plazos de ejecución”.
La funcionaria dijo que la cuestionada institución está sirviendo como “un contratadero (sic)” y que ya es evidente para los colombianos que la San José “no solamente vende títulos como si fueran panes”.
Incriminó al Gobierno Petro por, presuntamente, facilitarles el actuar delictivo al establecimiento, cuya polémica más intensa fue la falsa graduación de Juliana Guerrero, para que pudiera ser la viceministra de las Juventudes, en el Ministerio de la Igualdad.
Alegó que “si los directivos de la Fundación San José fueran opositores del presidente Gustavo Petro, la institución ya habría sido intervenida e incluso cerrada”.
Según la representante a la Cámara, la permanencia de “amigos políticos” de la universidad en el Gobierno y en los ministerios ha facilitado una respuesta institucional laxa y gradual.
El dudoso funcionamiento del instituto
Juvinao además comentó que la institución que habría recibido el contrato para enseñar la lengua oriental a las comunidades vulnerables no se encuentra plenamente en regla.
Además, sugirió que el establecimiento no cuenta con una visibilidad que evidencie el funcionamiento propio de una institución académica con la que el Gobierno establezca contratos.
“El instituto de idiomas con el que la San José se alió para ofrecer japonés en el Magdalena es un instituto que se llama Springfield. Sus redes sociales no tienen vida desde el año 2022. Buscamos la sede física en Bogotá y no existe. Y llevamos días llamándolos al teléfono y no contesta nadie. Es un instituto cuyo funcionamiento está en duda”, dijo Juvinao.
La congresista pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que mientras adelantan las indagaciones fiscales y penales en la Fundación San José por la expedición de títulos irregulares, “también investiguen a esta institución por los posibles contratos corruptos multimillonarios que están suscribiendo con múltiples entidades del Estado”, dijo.
Semanas atrás, la propia Juvinao denunció la existencia de un “cartel de diplomas irregulares” en la San José, en el que al menos 24 personas habrían obtenido títulos de manera fraudulenta y luego accedido a cargos en 16 entidades nacionales entre 2023 y 2025.
Uno de los hechos más llamativos expuestos en la denuncia es que un funcionario vinculado actualmente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) obtuvo cuatro títulos profesionales distintos —administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing internacional— todos con fecha de grado el 5 de julio de 2024, a pesar de que solo contaba con una sola Prueba Saber Pro válida, que por ley solo puede emplearse para un máximo de dos carreras.
Desde octubre de 2025, este individuo, cuya identidad no se conoce, ocupa el cargo de analista código 2023, grado 02 en la Dian con una asignación mensual de $6.600.000, reveló Juvinao.