El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, establecido en 23,7%, lo que lo dejó en $2.000.000 (con auxilio de transporte) representa un cambio relevante en el panorama económico y fiscal nacional. El Gobierno de Gustavo Petro justificó la subida al utilizar la metodología del “salario vital”, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca asegurar ingresos dignos.
La decisión marcó una diferencia importante frente a los criterios habituales, que se basaban en la inflación y la productividad. No obstante, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertó que la medida implica un billonario gasto fiscal adicional.
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Según la entidad, el incremento real, al descontar esos factores, se ubica en 17,9 puntos porcentuales (pp) por encima de la suma histórica de inflación y productividad, cuyo promedio era de 1,3 puntos. “Un incremento de esta magnitud puede generar efectos económicos que terminen perjudicando precisamente a quienes se busca proteger”, advirtió.
Dentro de los efectos prioritarios que detalla la misma, destaca el impacto en el sistema pensional del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones. El análisis explica que “el mayor costo se concentra en el pago de pensiones de Colpensiones, el deslizamiento de rentas vitalicias, mayor pago de nómina y menor recaudo de renta de personas jurídicas”.
Consecuencias en Colpensiones
Así las cosas, el ajuste tendrá consecuencias inmediatas en Colpensiones, donde el 55,4% de los pensionados —más de 1.000.000 de personas— recibe una pensión equivalente al salario mínimo. Estos beneficiarios experimentarán un alza del 23% en las mesadas. El incremento supondrá un gasto de cerca de $5,8 billones en 2026, una cifra considerablemente superior a la registrada en años anteriores bajo métodos tradicionales.
El informe de Anif también resalta el aumento en el costo asociado al mecanismo de cobertura de deslizamiento de rentas vitalicias. Con base en lo dispuesto por el Decreto 036 de 2015 y cambios en el Decreto 1485 de 2025, el gasto para cubrir la diferencia entre la inflación y el salario mínimo crecerá en $1,5 billones para 2026.
“Eso traslada los riesgos y obliga a que los recursos sean cubiertos por las aseguradoras y afiliados”, puntualizó, lo que, a su vez, incrementará la presión sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Por otra parte, el incremento del salario mínimo repercutirá en la nómina estatal. Unos 80.000 funcionarios, cuyas remuneraciones están atadas al mínimo verán un aumento equivalente, lo que generará una presión adicional de $300.000 millones sobre el gasto público.
“Cabe destacar que este valor es una cota superior del costo, pues no es posible diferenciar los trabajadores del nivel central del territorial”, agregó la asociación que preside José Ignacio López. Además, la cifra podría aumentar dependiendo de los acuerdos colectivos que establezcan incrementos ligados al salario mínimo en las entidades territoriales.
Recaudo del impuesto de renta
El impacto del ajuste también será relevante en el recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas. El mayor gasto en nómina y la actualización de los valores deducibles derivarán en una menor renta líquida para las empresas. Anif proyecta una caída de $3,5 billones en 2027 como resultado directo de estos cambios: “La posible reducción en el recaudo tributario de personas jurídicas, derivado de la disminución en los márgenes de utilidad de las empresas ante mayores costos laborales”, alertó.
Las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 98% del tejido empresarial colombiano, figuran entre los principales afectados por el aumento de los costos laborales. Según la entidad, la presión será muy fuerte en sectores como agricultura, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comidas, donde la mayoría de los empleados perciben ingresos cercanos al salario mínimo. El entorno propiciará incentivos a la informalidad. A su vez, la situación se ve agravada por la presión inflacionaria y el incremento de 100 puntos básicos (pbs) en la tasa de intervención adoptado por el Banco de la República.
El análisis advierte que, aunque el aumento puede generar ciertos beneficios sociales a corto plazo, el “ajuste estimado representa un gasto fiscal adicional de $6,5 billones en 2026, sin contar efectos adicionales difíciles de cuantificar”. La entidad destaca que existen efectos indirectos, incluyendo el crecimiento de beneficiarios del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que aún no están cuantificados de manera plena.
Viabilidad de los programas sociales
Según el informe, el incremento del salario mínimo abarcará consecuencias que exceden la simple actualización de su valor. Afectará el equilibrio fiscal, la viabilidad de diversos programas sociales y la gestión eficiente de los recursos públicos.
Por último, Anif enfatizó en que “en un contexto de alta estrechez fiscal por el que atraviesa el país, un aumento del salario mínimo en esta magnitud introduce rigideces adicionales sobre la inflexibilidad del gasto”. Tal escenario limitará la capacidad del Gobierno para ajustar el presupuesto y responder a futuras necesidades de corrección en las cuentas públicas.