Procuraduría alertó sobre irregularidades del Gobierno Petro en contratos de pasaportes: más de un billón de pesos en juego

Las advertencias de la Procuraduría General de la Nación volvieron a poner bajo escrutinio la contratación para la producción de pasaportes en Colombia, debido al millonario compromiso de recursos públicos, que, según el Ministerio Público, superó $1.493.409.424.714.

El monto en juego sumado en los distintos instrumentos jurídicos celebrados entre la Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional desencadenaron el llamado de alerta del órgano de control que cuestionó la transparencia y el procedimiento administrativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el nuevo contrato interadministrativo No. CI-005-2026, publicado por el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) el 29 de enero de 2026, el acuerdo, firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, prevé la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, con un monto que supera los $185.000.000.000. El documento establece su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, pero no fija una fecha precisa de inicio.

El comunicado de la Procuraduría subraya que esta contratación no constituye un hecho aislado. Es el cuarto contrato de objeto similar entre ambas entidades. Entre los acuerdos citó el convenio interadministrativo No. 007 de 2025, el No. 001 del 18 de julio de 2025 y un acuerdo adicional con un actor extranjero, cuyo fin es la cooperación, la transferencia de conocimiento y la implementación de la nueva producción de pasaportes.

Desde la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, se enfatizó sobre la necesidad de “un seguimiento riguroso” frente a la reiteración de contratos similares y la magnitud del dinero público en juego. El Ministerio Público considera que los recursos comprometidos y la sobreposición de instrumentos jurídicos ameritan una fiscalización constante.

Este pronunciamiento llega más de tres meses después de que el propio órgano solicitó la anulación del convenio internacional celebrado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, por presuntas irregularidades detectadas en ese proceso.

El máximo organismo del Ministerio Público anunció que evaluará el nuevo contrato desde dos frentes: acciones preventivas en la cadena de suministro de pasaportes e investigaciones disciplinarias en curso sobre la gestión de los convenios previos.

“A raíz de dicha información, el Ministerio Público abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”, puntualiza el escrito.

La cancelación definitiva por parte de la canciller Rosa Villavicencio de cualquier posibilidad de prórroga en el contrato para la expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons marca un punto de inflexión en la política de identificación en Colombia, en medio de disputas jurídicas y advertencias de los organismos de control.

El Gobierno mantiene sin cambios el inicio del nuevo sistema el 1 de abril de 2026, fecha a partir de la cual la fabricación de pasaportes y visas pasará a ser manejada por el Estado colombiano con el respaldo técnico de Portugal, una decisión que reconfigura tanto el modelo tecnológico como el marco de seguridad de los documentos oficiales.

Pese a que, desde octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda de nulidad contra el contrato que ampara la nueva alianza, cuyo monto supera el billón de pesos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió aceptar este recurso meses después, lo que elevó la presión pública y la incertidumbre sobre la reforma del sistema. Esta demanda señala posibles incumplimientos en los requisitos esenciales de la contratación pública, de acuerdo con la información revelada por este organismo.

En una entrevista difundida el 5 de febrero de 2026 en Blu Radio, Villavicencio reiteró que no existe ninguna opción para extender la relación contractual con Thomas Greg & Sons, empresa que ha liderado este proceso durante más de diez años: “No habrá prórroga. El cronograma que hemos establecido desde el año pasado va marchando sobre los tiempos y tendremos el pasaporte nuevo y con garantías a partir de abril”, puntualizó la canciller en el mismo medio.

El origen del nuevo esquema se remonta a la suspensión del contrato con Thomas Greg & Sons decidida en 2023 por el entonces canciller Álvaro Leyva, argumentando que la licitación previa no garantizaba condiciones de transparencia ni de competencia libre. Eso motivó al Gobierno encabezado por Gustavo Petro a firmar primero un memorando de entendimiento y, más adelante, un acuerdo formal entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, fijando como meta la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades estatales para la producción de pasaportes y visas.