La Asociación Latinoamericana de Internet, la Cámara de Comercio Colombo Americana, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el retiro del proyecto de decreto que propone modificaciones al Registro Nacional de Turismo (RNT). La petición fue presentada mediante una carta enviada el 2 de febrero de 2026, según informó Semana.
En el documento, los gremios señalaron que la iniciativa del Ministerio introduce cambios al marco regulatorio vigente “sin sustento técnico ni análisis de impacto normativo”, además de incorporar nuevas cargas y controles tecnológicos cuya aplicación no estaría claramente definida.
De acuerdo con las organizaciones, estas disposiciones podrían generar riesgos jurídicos y afectar la competencia dentro del sector turístico y digital.
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Las entidades firmantes expusieron que áreas como la vivienda turística y los servicios turísticos digitales ya cuentan con una regulación consolidada, sustentada en normas como la Ley 2068 de 2020 y sus decretos reglamentarios. En ese contexto, advirtieron que el proyecto no se limita a desarrollar o precisar el marco existente, sino que introduce transformaciones estructurales.
Según los gremios, la propuesta normativa redefine obligaciones, modifica la naturaleza de los prestadores de servicios turísticos y ajusta los mecanismos de control, sin que exista, a su juicio, una justificación técnica, jurídica o económica suficiente que respalde dichos cambios. En la carta se advierte que este tipo de intervención regulatoria desconoce principios como la seguridad jurídica, la coherencia regulatoria, los límites de la potestad reglamentaria y la confianza legítima.
Las organizaciones también hicieron referencia a los espacios de diálogo convocados por el Ministerio de Comercio durante el proceso de elaboración del proyecto. Si bien reconocieron la realización de mesas técnicas y encuentros con distintos actores del sector, señalaron que estas instancias “no convalidan ni legitiman el proceso regulatorio” ni implican respaldo al contenido del decreto.
En la misiva, los gremios afirmaron que la participación de la industria no puede interpretarse como una aprobación tácita de la propuesta. Por el contrario, indicaron que a lo largo de las discusiones han planteado reparos de fondo que no se reflejan en el texto sometido a consulta pública y que, según expusieron, habrían sido desestimados.
“La participación de la industria no puede entenderse como respaldo al contenido del decreto. Por el contrario, los gremios y actores del ecosistema hemos expresado de manera reiterada reparos de fondo que no se reflejan en el texto sometido a consulta y que, por el contrario, parecen ser desestimados de plano”, señalaron en el documento citado por Semana.
De acuerdo con el planteamiento de las organizaciones, la falta de incorporación efectiva de las visiones técnicas, operativas y regulatorias del sector termina afectando la solidez técnica y la legitimidad del proceso normativo. En ese sentido, insistieron en que cualquier ajuste al RNT debería partir de un análisis integral del marco vigente y de evidencia verificable.
Los gremios solicitaron de manera expresa que el proyecto de decreto sea retirado en su forma actual y que se adelante una revisión completa del enfoque regulatorio. En la carta, subrayaron la necesidad de un proceso de construcción normativa “verdaderamente inclusivo”, que reconozca la experiencia y el conocimiento de quienes participan activamente en el sector turístico y digital.
“Por todo lo anterior, solicitamos de manera expresa y enfática que el proyecto de decreto sea retirado en su forma actual y que se adelante una revisión integral del enfoque regulatorio, partiendo del reconocimiento del marco vigente, de evidencia técnica verificable y de un proceso de construcción normativa verdaderamente inclusivo”, manifestaron los firmantes.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición a contribuir técnicamente a un proceso regulatorio basado en evidencia, orientado a fortalecer el turismo, la formalidad y la economía digital, sin generar distorsiones, inseguridad jurídica ni efectos adversos para el sector ni para el país, de acuerdo con lo expuesto en la comunicación conocida este lunes.