El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado para 2026, generó preocupación en diversos sectores económicos y de análisis, debido a los posibles efectos negativos sobre el empleo formal y la estabilidad macroeconómica del país. Según el informe mensual “Tendencia Económica” de Fedesarrollo, el aumento del 23,7% dispuesto por el Gobierno nacional aleja de manera considerable los fundamentos técnicos tradicionales —la inflación observada y el crecimiento de la productividad—, y podría tener impactos notables sobre el mercado laboral y la inflación.
El Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 fijó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, lo que representa un alza nominal del 23% frente al año anterior. Dicha cifra supera en 17,9 puntos porcentuales (pp) la inflación anual observada en 2025 (5,10%) y, en términos reales, significa el aumento más alto en las últimas cuatro décadas. Además, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, lo que eleva el ingreso mensual base para quienes reciben este auxilio a $2.000.000.
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Dicha decisión rompe con la tendencia de aumentos más controlados que caracterizó los últimos años. Entre 2000 y 2025, el crecimiento promedio del salario mínimo fue de 7,18%, alineado con una inflación media de 5,34%. Tradicionalmente, bajo la ley vigente, el salario mínimo se ajustaba de acuerdo con la inflación y la productividad. Si el criterio se hubiera mantenido, el aumento habría sido del 6%. Sin embargo, el Gobierno argumentó en esta ocasión que era necesario reducir la brecha entre el salario mínimo y el “salario vital” estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se calcula en $1.746.882 para 2025.
Fedesarrollo resaltó el carácter atípico de la decisión. “El incremento decretado para 2026 marca una ruptura en la tendencia observada en los últimos años, es el incremento real más alto desde hace al menos cuatro décadas”.
Riesgos sobre el empleo formal
Uno de los principales temores expresados por la entidad es el riesgo que implica esta alza sobre el empleo formal, sobre todo, en un país donde las microempresas predominan (el 95% del tejido empresarial) y cuentan con márgenes de ganancia muy reducidos. Según el informe, una microempresa típica enfrenta una utilidad operativa del 4,7% sobre ventas, pero con el incremento del salario mínimo, el margen se reduciría a tan solo 1%.
Destacó que una microempresa representativa podría ver reducido su margen de ganancia en 3,7 puntos porcentuales.
Proyecciones alarmantes
Las proyecciones son alarmantes. “El incremento del salario mínimo podría generar la pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, estimó el centro de pensamiento. La razón fundamental es que el severo aumento en los costos laborales que deben afrontar las empresas puede llevarlas a reducir su planta de personal, a trasladar trabajadores al sector informal, o incluso a incentivar la adopción de tecnologías que reemplacen empleos de baja calificación.
El documento explica que, debido a la preeminencia de normas sociales y expectativas relacionadas con el salario mínimo, incluso los salarios en el sector informal podrían verse afectados, lo que aumenta así el riesgo de desempleo y de destrucción de empleo tanto formal como informal.
“Un aumento abrupto del salario mínimo real puede elevar también los salarios informales, propagando el choque de costos a segmentos de la estructura productiva con menor capacidad de absorberlos y aumentando el riesgo de destrucción de empleo”, puntualizó.
Impactos inflacionarios y en la política monetaria
Asimismo, el aumento del salario mínimo también podría tener repercusiones notables en la inflación. Fedesarrollo calcula que, por cada aumento del 1% en el salario mínimo, la inflación tiende a subir 0,10 puntos porcentuales. Así, el salto del 23% podría escalar la inflación en hasta 1,7 puntos porcentuales adicionales en 2026, colocando la inflación proyectada en 6,1%, lejos de la meta del Banco de la República del 3%.
Las consecuencias sobre la política monetaria también son claras. Dice que el Banco de la República iniciaría un ciclo contractivo de la política monetaria e incrementaría la tasa de interés. De acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo, “la tasa de política monetaria alcanzaría 11,25% hacia finales de 2026, 250 puntos básicos por encima del nivel esperado si el salario mínimo se hubiese ajustado en línea con la inflación y la productividad (8,75%)”.
Dicha alza afectaría de manera negativa el crecimiento económico, lo que agravaría aún más la destrucción de empleo por medio de efectos de segunda ronda.
Presiones fiscales adicionales
En un momento en el que el Gobierno encara severas restricciones fiscales, el aumento del salario mínimo introduce nuevas presiones presupuestales. Cerca de $5,9 billones en 2026 serían necesarios para cubrir el incremento del gasto en pensiones y personal del Gobierno Central, de los que $4,9 billones estarían asociados a pensiones y $1 billón a gasto de personal. Esto en un entorno donde el balance primario ya es negativo y la deuda pública en ascenso.
Las conclusiones de Fedesarrollo
Frente a estos hallazgos, Fedesarrollo es concluyente: “El incremento del salario mínimo decretado para 2026 se da en un contexto en el que la economía opera cerca de su nivel potencial, con una tasa de desempleo por debajo de su nivel no inflacionario, y en un entorno de elevada persistencia de la inflación”, dice
Fedesarrollo estima que “el impacto sobre la inflación podría alcanzar hasta 1,7 puntos porcentuales en 2026 y que podría generarse una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”.
Dichos resultados ponen de manifiesto la necesidad de decisiones equilibradas y técnicamente fundamentadas en la política salarial, especialmente en periodos de fragilidad macroeconómica y elevada informalidad laboral. De materializarse los efectos señalados, el positivo incremento salarial para los trabajadores protegidos podría verse opacado por el desempleo y la informalidad resultantes, junto con una mayor presión sobre los precios y las finanzas públicas del país.