El proceso penal por presuntas irregularidades en el grado de abogado del exsenador antioqueño Julián Bedoya enfrenta un nuevo riesgo de prescripción. Así lo advirtió el jueves 29 de enero la Universidad de Medellín, que en comunicación enviada al Tribunal Superior de Bogotá, al ser reconocida como víctima en este caso, alertó sobre la posibilidad de que el delito de fraude procesal quede sin sanción por los retrasos judiciales; en un asunto que podría causar controversia.
De acuerdo con El Colombiano, el centro de educación superior radicó una comunicación ante el tribunal, en específico, dirigida al togado Javier Armando Fletshcer, en la que expuso su preocupación por la dilación del proceso contra Bedoya, excongresista del Partido Liberal. Según el apoderado de la institución, Juan Camilo Bolaños, la causa permanece desde julio de 2025 en el despacho del magistrado sin avances sustanciales, con alto riesgo de preescribir.
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“El 31 de julio de 2025 fue radicado el proceso en la Secretaría del Tribunal, asignándose su conocimiento por reparto ese mismo día al despacho del H. Magistrado Javier Armando Fletshcer Plazas. Desde entonces allí permanece la actuación, surgiendo por el paso del tiempo el inminente riesgo de prescripción de la acción penal respecto de algunos de los punibles”, se señaló en el documento firmado por la representación legal del claustro universitario.
De acuerdo con los cálculos presentados en la misiva, a partir del 2 de julio de 2026 el delito de fraude procesal podría prescribir, lo que dejaría sin resolución judicial una investigación que ha involucrado a directivos, entes de control y al propio exsenador. Es válido precisar que el origen de la controversia se remonta a 2019, cuando el entonces parlamentario obtuvo su título de abogado en la Universidad de Medellín en un plazo inusualmente corto.
La controversia con el título “exprés” de Julián Bedoya como abogado
Tras varios años de retiro, el excongresista completó los requisitos faltantes, como exámenes preparatorios, suficiencia de inglés y trabajo de grado, en apenas cuatro meses. Así pues, se pudo comprobar, entre otras por la denuncia de la hoy representante a la Cámara Catherine Juvinao, que llegó a presentar hasta tres exámenes preparatorios en un solo día, en una situación que la institución consideró fuera de las prácticas académicas habituales.
Frente a esto, la universidad anuló administrativamente el título en 2021, tras hallar irregularidades en el proceso de reingreso y validación. Además, el Consejo de Estado suspendió en marzo de 2025 la validez del título y la tarjeta profesional de Bedoya mediante medidas cautelares, mientras se resuelve la demanda por presunto fraude; que, según el centro de educación superior, “duerme el sueño de los justos” en el despacho del magistrado Fletshcer Plazas.
El caso no solo ha tenido impacto en el ámbito académico. Néstor Hincapié, exrector de la universidad, recibió una condena de 70 meses de prisión por su participación en las irregularidades que permitieron el grado de Bedoya; mientras que la Procuraduría General de la Nación sancionó en enero de 2024 al exsenador con suspensión de 10 meses e inhabilidad para ejercer cargos públicos, pues se habría valido de su investidura para obtener beneficios académicos.
Frente a esto, Bedoya ha negado cualquier irregularidad y sostuvo que obtuvo su título bajo los parámetros de la autonomía universitaria. En sus múltiples declaraciones ha atribuido el proceso a una “persecución política” que busca afectar su carrera y el control de la universidad; en tanto que su defensa ha insistido en que el proceso disciplinario y penal está viciado por intereses externos; siendo este un argumento que ha reiterado en diferentes instancias judiciales.