El Partido Comunes activó su ruta interna de prevención y sanción luego de que se conociera una denuncia por presunto acoso sexual contra uno de sus dirigentes y excontratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según reveló Semana, el señalado fue identificado como Nicolás Sarmiento Ramírez, reconocido líder de la colectividad en Bogotá y cercano al representante a la Cámara Sergio Marín.
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La denuncia fue presentada por una excompañera de trabajo en la UNP, que aseguró que Sarmiento Ramírez la habría tocado en repetidas ocasiones sin su consentimiento, hasta llegar a manosear su zona íntima.
La mujer relató que los hechos comenzaron con promesas falsas de empleo, que derivaron en encuentros en los que el señalado habría cometido los actos de acoso.
De acuerdo con el citado medio, la víctima formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y también la envió por correo a la UNP. El caso habría iniciado en 2022 y, según el relato, las situaciones de acoso se intensificaron cuando ambos coincidieron laboralmente en la entidad.
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La situación generó una respuesta inmediata del Partido Comunes, que emitió un comunicado rechazando de forma “absoluta y categórica” cualquier forma de violencia basada en género.
En el documento, la colectividad reiteró que no tolera conductas de este tipo y que su posición responde a “sus principios políticos, éticos y organizativos, así como a su compromiso con la construcción de paz, la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación”.
La dirección nacional del partido activó de inmediato la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, conforme a sus estatutos y la normatividad vigente.
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El caso fue remitido al Comité de Ética de la colectividad, que se encargará de adelantar la investigación, analizar los hechos y emitir las decisiones necesarias.
En el comunicado, Comunes estableció como prioridad la protección integral de la víctima, por lo que garantizó la confidencialidad del caso, un enfoque de género y la no revictimización. La organización también ofreció acompañamiento a la denunciante y coordinación con las rutas institucionales pertinentes.
Según un documento elaborado por un grupo feminista, compartido por Semana, existen “múltiples alertas, testimonios desgarradores y pruebas que evidencian un patrón repetido”, que denunció la falta de garantías para hacer públicas las acusaciones contra el excontratista en el partido y en la UNP.
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El texto sostiene que las mujeres afectadas –incluidas funcionarias, contratistas, escoltas y militantes– expresan miedo y vulnerabilidad ante la falta de garantías institucionales para denunciar. Además, habrían recibido amenazas relacionadas con la posición jerárquica y política del señalado.
El partido reiteró en su comunicado que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar la trayectoria política de quien esté involucrado.
También reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción para erradicar la violencia basada en género.
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Tras la denuncia, la UNP activó sus protocolos internos para dar respuesta inmediata. Augusto Rodríguez, director del organismo, declaró que el equipo de Asesoría Psicológica brindó acompañamiento y apoyo a la denunciante, siguiendo los procedimientos establecidos para casos de acoso y priorizando la protección de la persona afectada.
La entidad notificó a la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad sobre el caso, asegurando además que la denunciante cuenta con seguimiento y medidas de protección desde diciembre.
Por otro lado, Nicolás Sarmiento Ramírez respondió a Semana mediante un mensaje escrito, donde negó las acusaciones y evitó pronunciarse telefónicamente.
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La UNP considera que la actuación institucional y la colaboración con las autoridades resultaron fundamentales para ofrecer un entorno seguro en este contexto.