El hallazgo y destrucción de un semillero con cerca de 3.000 plantas de coca en el corregimiento Alto del Oso, en San José del Palmar, revela la persistencia de los cultivos ilícitos en el departamento del Chocó.
La Brigada 15 del Ejército Nacional realizó esta operación como parte de una estrategia para debilitar las economías ilegales en la región.
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Según la Séptima División del Ejército, la acción busca impactar de manera directa la cadena del narcotráfico y frenar el avance de organizaciones criminales como el ELN, grupo al que se atribuye el control del cultivo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) resaltó que el 89,5% de los cultivos de coca permanece en territorios históricamente afectados. Entre estos departamentos figuran Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
Además, la Unodc advirtió sobre un fenómeno de expansión reciente: el 40% de los nuevos territorios con presencia de coca se localiza en la región Pacífica, con Cauca y Chocó a la cabeza.
Allí, los lotes nuevos no aparecen dispersos, sino como núcleos compactos que pueden superar 12 hectáreas por kilómetro cuadrado.
Estas concentraciones replican las condiciones de los llamados enclaves productivos, que presentan grandes desafíos para cualquier intervención estatal o internacional.
Las autoridades consideran estos escenarios como focos de alta complejidad, donde el control y la erradicación requieren esfuerzos sostenidos y estrategias diferenciadas.
En Antioquia solo hubo una operación contra coca en 2025 y fue en Amalfí: alerta por 23.000 hectáreas sembradas
La cifra de más de 23.000 hectáreas de coca sembradas en Antioquia mantiene la preocupación dentro del gobierno departamental, según declaraciones del secretario de Seguridad, Luis Martínez. Las autoridades locales expresaron alarma por el aumento de los cultivos ilícitos y la ausencia de acciones contundentes para frenarlos.
Durante 2025, la administración departamental solo tuvo conocimiento de una operación contra cultivos ilícitos, realizada en el municipio de Amalfí. El resultado de esa intervención fue el fallecimiento de 13 miembros de la Policía Nacional, quienes participaban en labores de aspersión manual en la zona, un hecho que, según Martínez, marcó la gestión del año.
La falta de más operativos en el territorio genera inquietud en la Gobernación. Martínez explicó a Blu Radio que la existencia de economías ilegales, asociadas a los cultivos de coca, influye directamente en los altos niveles de violencia en varias áreas rurales del departamento.
El funcionario responsabilizó al Gobierno nacional por la escasez de estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos. “Aquí el Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para acabar con ese flagelo”, afirmó Martínez, subrayando la necesidad de una mayor intervención estatal.
En las distintas subregiones de Antioquia, la consolidación de grupos armados y la expansión de los sembradíos de coca han dificultado las labores de control. Ante este panorama, las autoridades departamentales advirtieron que la situación requiere medidas urgentes y coordinadas para evitar que los cultivos ilícitos sigan creciendo y alimentando la violencia local.
La Gobernación ha señalado que las disputas entre guerrillas como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo afectan la seguridad de las comunidades en Antioquia y complican las labores estatales de erradicación o sustitución de cultivos, sobre todo en áreas remotas con escasa presencia institucional.
El secretario advirtió que la violencia vinculada al narcotráfico surge de la lucha por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, protagonizada por diversas estructuras armadas ilegales que buscan ampliar su influencia territorial y mantener el dominio sobre actividades criminales en la región.