Desde hace cinco años, Jheny Salina vive una pesadilla de suplantación de identidad en Bogotá tras el robo de su cédula. Su experiencia revela la fragilidad de los sistemas de validación de las empresas y la dificultad de proteger los derechos de las víctimas ante este tipo de delitos, una situación que afecta cada vez a más colombianos.
“Eso empezó desde el 2021, que fui víctima de robo, conjunto con mi esposo. Nos asaltaron a mano armada”, relató la mujer a Citytv.
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El verdadero impacto del robo se hizo visible solo meses después. “Seis meses después, empezó a validar en distintas entidades, de telecomunicación y otras de revistas, y empiezan a solicitar productos”, explicó la víctima al medio. De acuerdo con su testimonio, las solicitudes fraudulentas no han cesado desde entonces.
La magnitud del perjuicio económico sigue aumentando, como ella misma detalló: “Solicitaron bastantes líneas telefónicas, líneas hogar. Adicional a eso, aperturaron solicitud de productos. Estoy hablando de que en este momento va alrededor de hasta 10 millones de pesos”, afirmó Jheny Salina al canal.
A pesar de las múltiples denuncias interpuestas y el acompañamiento de un abogado, las entidades involucradas no han ofrecido una solución efectiva.
Según la afectada: “Todo lo puse denuncias ante fiscalía, tengo acompañamiento de abogado y en distintas entidades yo generé el reporte. Efectivamente, ellos en ese momento hicieron validación, bloquearon, pero ahora evidencio que desde principios del año pasado, otra vez, las mismas entidades volvieron a solicitar los productos”, expuso.
Ante la respuesta de las compañías telefónicas, la frustración crece. En palabras de un comunicado oficial de la empresa Tigo presentado al canal: “Luego de validar la información registrada en nuestros sistemas, no encontramos inconsistencia alguna que nos lleve a determinar que se presentó alguna acción de suplantación personal o falsedad documental en la activación de la línea. Por lo anterior, le reiteramos que los cargos generados a la línea son de su responsabilidad”.
Jheny Salina advierte que los sistemas de validación no cumplen con los mínimos estándares para evitar el fraude de identidad: “No me hacen ninguna validación de biometría, aquí no me hacen ninguna dactiloscopia. Yo les pido más validaciones y la respuesta de ellos es que sí soy, que soy la persona que ellos están indicando”, especificó a la cadena.
Desde la defensa legal, el abogado Julián Beltrán denunció al medio la vulneración de derechos que sufren las víctimas: “Estamos adelantando una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de la vulneración de los datos personales que ha hecho esta entidad con Jenny y se ha puesto de presente una acción de tutela”, sostuvo Beltrán.
Además, Beltrán advirtió sobre la gravedad de la falta de controles: “Con el hecho de que con la cédula de ciudadanía de Jenny puedan solicitar los productos, pero no corroborar si realmente es Jenny, están dejando o están vulnerando el derecho que tiene Jenny de sus datos personales y su privacidad”, concluyó el abogado al canal.
Fraude financiero en Colombia
El fraude financiero ha registrado un aumento sostenido en Colombia, donde las estafas en compras en línea concentran el 34,5% de los casos, el fraude digital el 26,7% y el robo de datos de tarjetas el 14%. Según la firma de analítica SAS, la capacidad para anticipar y responder rápidamente a estos riesgos se perfila como un factor decisivo para el sector financiero, dadas la creciente sofisticación y velocidad de los fraudes.
El crecimiento del fraude ha convertido este delito en un riesgo estructural dentro del entorno financiero y digital colombiano, como revela el estudio Fraude en Colombia 2025 de DataCrédito: el 97,7% de la población percibe el fraude como un problema frecuente y el 36,6% asegura haber sido víctima directa en los últimos 12 meses. Además, el 61% declara conocer a alguien cercano que también ha sido afectado.
Durante el primer semestre de 2025, se registraron más de 218.000 reclamaciones por fraude en canales financieros, de acuerdo con Asobancaria. Las entidades financieras han detectado un incremento constante de incidentes vinculados a fraude digital, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevos sistemas de detección y prevención para enfrentar amenazas cada vez más complejas.