La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, detenida en el Reino Unido por su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá, no presenta un cuadro médico de gravedad ni una condición clínica especial que vaya más allá de una valoración en salud mental.
Así lo establecerán las autoridades británicas en la comunicación oficial que será remitida a la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la solicitud elevada recientemente a través de la Cancillería para conocer el estado actual de la petición de extradición, según El Tiempo.
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La información resulta clave para el avance del proceso judicial, pues la empresaria, de 54 años, permanece recluida en un hospital universitario bajo el amparo de la Ley de Salud Mental del Reino Unido, una medida que ha mantenido en pausa su traslado a un centro de detención y ha frenado la ejecución del pedido formal de extradición solicitado por Colombia.
Sin embargo, las evaluaciones médicas indican que su permanencia en el hospital no obedece a una condición física crítica, sino exclusivamente a un seguimiento en el ámbito de la salud mental.
Este panorama ha llevado a la Fiscalía colombiana a insistir en conocer si Guzmán Castro continuará bajo ese régimen especial mientras se surte el trámite de extradición o si existen condiciones para que el proceso avance.
La empresaria fue rescatada el pasado 16 de diciembre del río Támesis, en un episodio interpretado como un posible intento de suicidio, lo que motivó su traslado inmediato a un centro asistencial y la aplicación de la legislación británica en materia de salud mental.
Más allá de su situación médica, los registros del hospital universitario donde permanece internada evidencian un escenario de total aislamiento.
Según la información conocida por la fuente ya mencionada, ninguna persona se ha presentado para indagar por su estado de salud ni por su situación judicial.
Tampoco se han reportado visitas de familiares, amigos o representantes legales desde su ingreso al centro médico.
Incluso, se confirmó que el único allegado que se encontraba en Londres al momento de su detención ya regresó a Bogotá, dejando a la empresaria completamente sola en territorio británico.
A esto se suma que nadie ha diligenciado el formulario requerido para solicitar, en su nombre, asistencia consular ni la designación de un abogado en el Reino Unido, un paso habitual en casos de connacionales privados de la libertad en el exterior.
Ante ese vacío, en Colombia la Fiscalía General decidió actuar de manera preventiva. Según reveló el medio citado, el ente acusador solicitó que se le asignara un abogado de oficio, como un primer intento para procesarla en condición de persona ausente, mientras se define su situación jurídica internacional.
Esta medida busca evitar que el proceso penal quede en un limbo indefinido por la ausencia física de la acusada y la falta de representación legal activa.
El expediente en su contra, liderado por la fiscal Elsa Cristina Reyes, fue enviado al Reino Unido en un documento de quince páginas que recoge pruebas técnicas y testimoniales.
La investigación se centra en los hechos ocurridos el 3 de abril de 2025, cuando Guzmán Castro habría coordinado el envío de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio al apartamento de su expareja, Juan de Bedout.
El envenenamiento provocó la muerte de dos menores, de 13 y 14 años, y dejó a otra adolescente en estado crítico, con afectación de múltiples órganos vitales.
Las autoridades también documentaron búsquedas previas de la empresaria sobre los efectos del talio, una sustancia inodora e insípida cuya comercialización está prohibida en Colombia desde la década de 1970. Los análisis clínicos revelaron que los niveles detectados en las víctimas superaron ampliamente los rangos considerados letales.
El caso, además, reactivó la investigación por la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de De Bedout, quien años antes presentó síntomas compatibles con intoxicación por talio y falleció en Europa en 2021 tras una recaída.
Expertos médicos consultados en el proceso señalaron que el talio es particularmente difícil de detectar y puede provocar parálisis respiratoria y fallos cardíacos severos.