
El Congreso de Colombia concluyó el periodo legislativo de 2025 con un panorama fragmentado, donde la agenda del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, experimentó retrocesos importantes en iniciativas clave.
En contraste, algunos proyectos ajenos a la administración sí lograron avanzar en ambas cámaras, mientras que varios temas de alto impacto económico y social aguardan definiciones cruciales de cara a 2026, en un contexto marcado por la próxima renovación legislativa tras las elecciones del 8 de marzo.
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Para el primer semestre del año entrante, la dinámica parlamentaria no solo orbita alrededor de la aprobación o el hundimiento de las iniciativas, sino que refuerza un clima de vigilancia política intensa a medida que los congresistas, muchos en busca de reelección, evalúan cuidadosamente su proceder.

Ministerio de Igualdad
Uno de los proyectos que está en los primeros lugares de la lista para ser discutidos en este periodo, considerado como ‘transitorio’ por las campañas electorales, es el proyecto que busca salvar el Ministerio de Igualdad.
En las últimas sesiones legislativas, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el inicio del debate de la ponencia positiva para la validación de la cartera mencionada, lo que evitó su archivo y permitió extender su discusión hasta el próximo periodo legislativo.
El respaldo a esta cartera, después del fallo de la Corte Constitucional que detectó vicios de trámite y exigió la validación congresional antes del 20 de junio, representa para el Ejecutivo una pequeña victoria en medio de críticas por baja ejecución, irregularidades internas y cuestionamientos sobre los nombramientos.
Pese a todo, funcionarios del Ministerio insisten en mostrarse optimistas respecto a la aprobación final, expectativa que solo podrá verificarse tras su paso por las plenarias del Senado y la Cámara, respectivamente.
Este ministerio, pendiente por obtener luz verde definitiva, tiene un impacto directo sobre más de catorce poblaciones de especial protección, constituyéndose así en uno de los debates centrales del Capitolio.

Ley de Jurisdicción Agraria
Otro de los proyectos desde hace más de un año en la agenda es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno y varias bancadas parlamentarias, pero cuya votación no ha prosperado ni en Senado ni en Cámara.
El proyecto, considerado fundamental para resolver conflictos de tierras en el campo, fue aprobado en primer debate por las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara el 10 de diciembre de 2024. Desde entonces, ha enfrentado retrasos y falta de consenso en las plenarias de ambas cámaras.
Diversos sectores han demandado que retorne al foco de discusión, en vista de su relevancia para la reforma rural. No obstante, el proyecto enfrenta bloqueos y falta de cuórum, lo que ha impedido su avance legislativo y mantiene pendiente la creación de la jurisdicción.

Ley de Sometimiento
Por su parte, el proyecto de Ley de Sometimiento, radicado por el Ministerio de Justicia, enfrenta un escenario incierto. Desde su presentación, la iniciativa formó parte de la política de Paz Total del Gobierno Petro, proponiendo un marco jurídico para el sometimiento y desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley.
Durante 2025, la propuesta fue debatida en audiencias públicas y comisiones, pero diversos sectores han señalado problemas de constitucionalidad y la mezcla de justicia transicional con ordinaria.
En diciembre de 2025, el Gobierno retiró el carácter de urgencia al proyecto, señalando que la ley ya no es una prioridad inmediata. Además, la senadora Angélica Lozano pidió formalmente el retiro del proyecto, mientras el Ministerio de Justicia indicó que esa decisión debe ser aprobada por la Comisión correspondiente.
El futuro del proyecto depende ahora de las decisiones que tome la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pese a que existen ponencias tanto a favor como en contra.

Reforma a la Salud
Por último, se contempla la reforma a la salud, una de las iniciativas que ha causado mayor polémica durante el periodo legislativo en el mandato de Gustavo Petro.
Pese a superar sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, la iniciativa fue archivada el 16 de diciembre de 2025 por la Comisión Séptima del Senado, con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra.
Sin embargo, el proyecto podría tener visto bueno, luego de que el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) presentó una apelación para intentar reactivar el trámite de la reforma en otra comisión del Senado. Este método ya fue utilizado en el pasado, donde el mismo legislador presentó este recurso frente a la Reforma Laboral que, tras ser avalado por el Senado, fue sancionado por el presidente Gustavo Petro.

En el caso de la reforma a la Salud, el mandatario colombiano advirtió que, si la apelación no prospera, podría convocar una asamblea constituyente para impulsar las reformas pendientes en el sistema de salud.
A finales de 2025, se inscribió un comité promotor que busca convocar una constituyente por vía popular, es decir, mediante la recolección de un número significativo de firmas que permitirían solicitar formalmente la convocatoria a una asamblea constitucional.
Más allá de estos proyectos, también figuran en la agenda la reforma a los servicios públicos y la ley minera, junto a otros articulados. No obstante, el ejercicio de control político promete recuperar protagonismo por el contexto de emergencia económica declarado por el Ejecutivo.
Aunque durante la legislatura 2024-2025 se redujeron las citaciones a ministros, está programada una sesión para el 29 de diciembre en la que todos los funcionarios deberán responder por esta decisión; un hecho que podría anticipar un mayor escrutinio parlamentario y un cambio de tendencia en la función de vigilancia desde el Capitolio.
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