Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, radicará una acción de tutela contra el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 que declara la Emergencia Económica y Social por treinta días, expedido por el presidente Gustavo Petro.
Así lo confirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez que, a través de su cuenta de X, aseveró que este será el único mecanismo, recordando que la Corte Constitucional se encuentra en periodo de vacancia judicial, y que culminará el 13 de enero de 2026.
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“El Centro Democrático, encabezado por la Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
Esta acción popular se suma a la lista de demandas que realizaron varios lideres políticos, como la senadora María Fernanda Cabal y el senador Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), así como el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Este último, junto al abogado Germán Calderón España, presentaron, de manera paralela, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y una acción popular ante el Consejo de Estado, en la que no solo buscan frenar el decreto de emergencia económica, sino también la venta directa de títulos TES por un monto de 23 billones de pesos.
Incluso, destacaron la importancia del Congreso de la República en el proceso, al advertir que la Cámara debe ejercer funciones de control sobre el decreto de emergencia y que el Legislativo tendría que convocar a sesiones extraordinarias.
En sus fundamentos jurídicos, De la Espriella cuestionó la validez del decreto de emergencia económica, al señalar que, a su juicio, “el documento no se fundamenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país”, por lo que reclama su declaración de invalidez.
Además, solicitó la suspensión provisional de sus efectos mientras el alto tribunal evalúa su constitucionalidad, incluyendo la petición de que los magistrados sesionen de manera extraordinaria durante el receso navideño para abordar el caso.
Defensa de Gustavo Petro
Ante las críticas de diferentes sectores, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del decreto de emergencia económica, atribuyendo el origen de la emergencia al encarecimiento de la deuda y la imposibilidad de sostenerla.
Durante la alocución presidencial emitida el martes 23 de diciembre de 2025, el mandatario nacional situó en manos de la Corte Constitucional el rumbo inmediato de Colombia tras la promulgación del decreto, advirtiendo que la decisión del alto tribunal determinará “si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”.
Del mismo modo, el jefe de Estado insistió en que la maniobra busca evitar el “abismo” financiero al que, según el mandatario, podría conducir la actual insostenibilidad de la deuda.
Además, Petro responsabilizó al Congreso de la República y a la Corte, al señalar que la primera modificó la reforma tributaria de 2022 y el segundo impidió la aprobación de una nueva ley de financiamiento, esencial para completar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
“Ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, expresó el presidente.
En una de las declaraciones más polémicas de la alocución, el mandatario catalogó a los más ricos de Colombia como “vampiros del Estado” al afirmar que dichos sectores “chupan” la riqueza nacional, responsabilizándolos por el fracaso de las reformas tributarias presentadas por su gobierno, propuestas que estaban orientadas a aumentar la carga fiscal sobre los estratos de mayor renta.
“Ahora está otra vez a su decisión reducir el déficit primario y el Congreso se negó a subir los tributos a los más ricos de la población, no en el pueblo”, criticó.
En cuanto a la orientación del gasto público, el jefe de Estado adelantó que en 2026 su administración impulsará la “desnarcotización del territorio”, para lo cual resultará imprescindible disponer de recursos estatales.
El plan contemplará cinco zonas prioritarias de intervención, tanto en el sur como en el norte del país, así como en el Catatumbo (Norte de Santander), territorios marcados por una creciente intensificación del conflicto armado interno.
Por último, Gustavo Petro aseguró que la clave de la paz reside en una economía fuerte y orientada por el modelo de estado social, sosteniendo que “la economía es fundamental para la paz si se construye un estado social de mercado, que es el correlato económico del concepto de Estado social de derecho”.