El exclusivo club El Nogal suspendió a Zulma Guzmán en medio de la investigación por el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá

El exclusivo Club El Nogal de Bogotá adoptó una medida preventiva frente a la situación judicial de Zulma Guzmán Castro, empresaria señalada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos niñas en el norte de la capital.

Según fuentes consultadas por el medio El Tiempo, la junta directiva decidió suspender de manera temporal su condición de socia mientras avanzan las investigaciones, una determinación de carácter administrativo que no constituye sanción definitiva ni implica pronunciamiento alguno sobre su responsabilidad penal.

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La decisión, explicaron las mismas fuentes, obedece a protocolos internos que el club aplica en casos de alto impacto público cuando uno de sus miembros es vinculado a procesos judiciales graves.

Se trata, señalaron, de una actuación preventiva orientada a preservar la institucionalidad y la convivencia, a la espera de que las autoridades judiciales definan el curso del caso. La suspensión no equivale a una expulsión ni cierra la puerta a una eventual restitución de derechos, en caso de que así lo permitan los estatutos y las decisiones de la justicia.

El pronunciamiento del Club El Nogal se produce en medio de la intensa atención pública que ha generado el proceso penal por la muerte de dos menores de 13 y 14 años, que fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico.

El episodio ocurrió el 4 de abril, cuando las niñas recibieron el producto a domicilio y, horas después, presentaron un cuadro de intoxicación severa. Ambas fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe, donde murieron pese a los esfuerzos médicos.

Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue la ingesta de talio, una sustancia incolora e inodora que puede provocar fallas multiorgánicas. A partir de este hallazgo, la Fiscalía abrió una investigación de gran complejidad técnica y probatoria, que incluyó análisis toxicológicos, reconstrucción del envío del alimento y verificación de posibles móviles y responsables.

Zulma Guzmán Castro fue vinculada formalmente al expediente como principal sospechosa. Desde entonces, su paradero es desconocido y las autoridades activaron una circular roja de Interpol para ubicarla. La Fiscalía ha confirmado que la empresaria ha estado en varios países, pese a que ella lo negó públicamente.

Ante la imposibilidad de localizarla, el ente acusador evalúa la figura de “persona ausente”, una herramienta excepcional del sistema penal colombiano que permite avanzar en el proceso con un abogado de oficio cuando el indiciado ha sido plenamente identificado y se han agotado los mecanismos de búsqueda.

En declaraciones desde el exterior, Guzmán Castro ha negado cualquier participación en el envenenamiento. En una entrevista con el medio Focus Noticias aseguró que es víctima de un intento por afectar su reputación personal y profesional, y atribuyó su vinculación al caso a una relación sentimental clandestina que sostuvo con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas.

Según su versión, ese vínculo la convirtió en un blanco de la investigación. La empresaria afirmó no haber tenido control ni intervención alguna en el envío de las frambuesas contaminadas y dijo estar dispuesta a ejercer su defensa por las vías legales.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que el envío del producto con talio habría sido planeado de manera deliberada. Uno de los elementos que amplió el alcance del caso fue el hallazgo de rastros del mismo metal en el organismo de la madre de una de las menores, fallecida años atrás. Este antecedente llevó a los investigadores a revisar relaciones personales y familiares, así como posibles exposiciones previas a la sustancia.

El abogado de la familia de las niñas, Majer Abushihab, afirmó en declaraciones a Noticias Caracol que el ente acusador cuenta con pruebas suficientes para considerar a Guzmán Castro como la principal sospechosa.

Detalló que la llamada para coordinar el domicilio se realizó desde Bogotá y que el mensajero fue utilizado como intermediario sin conocer el contenido del paquete. El testimonio del domiciliario permitió rastrear el origen del envío y reforzar el expediente.