El Gobierno nacional intensificó sus esfuerzos para alcanzar acuerdos de sometimiento a la justicia con bandas criminales como La Inmaculada, Los Pepes y Los Costeños, en un intento por rescatar la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
A pesar de la resolución que autoriza los acercamientos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a Noticias RCN mediante un derecho de petición que “no se encuentra en ningún proceso de acercamiento, exploración o instalación de espacio de conversación sociojurídica con las bandas delincuenciales La Inmaculada y La Mago”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
PUBLICIDAD
Esta respuesta fue emitida el jueves 11 de diciembre de 2025, pocos días después de la firma de la resolución.
La estrategia del Gobierno Petro sobre entablar diálogos con esta banda criminal surge tras el estancamiento de las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc, y cuando solo restan ocho meses para el final del actual mandato.
En este contexto, el Ejecutivo autorizó el inicio de “acercamientos exploratorios y contactos” con estos grupos, con el objetivo de reducir la criminalidad y avanzar hacia la formalización de diálogos.
PUBLICIDAD
En el caso específico de La Inmaculada, la resolución 441 del 5 de diciembre, firmada por el presidente Gustavo Petro, habilita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para realizar trabajos confidenciales en el desarrollo de estos acercamientos.
El documento autoriza a tres personas a establecer contactos con la estructura criminal, con el propósito de “verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con objetivos indicados por el presidente”.
Además, la resolución faculta a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como intermediaria entre las personas autorizadas y la Presidencia de la República.
PUBLICIDAD
De manera simultánea a la publicación de esta resolución, el Gobierno firmó la orden de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de La Inmaculada, quien cumple una condena de treinta años en la Estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.
La extradición, que se hará efectiva una vez se cumplan las condiciones legales, permitirá que Marín Silva comparezca ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas por tres delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. La salida del país de este líder criminal, responsable de múltiples crímenes desde prisión, ha sido celebrada por diversos sectores políticos y sociales.
Un aspecto relevante es que la entidad encargada de los acercamientos no es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, sino la Dirección Nacional de Inteligencia, organismo que reemplazó al extinto DAS y depende directamente de la Presidencia, bajo la dirección de Jorge Arturo Lemus.
PUBLICIDAD
En el caso de La Inmaculada, responsable de centenares de crímenes en Tuluá y otros municipios del Valle, se ha conocido que en los diálogos exploratorios con el Gobierno se han comprometido a entregar un grupo de menores de edad instrumentalizados para cometer actos de sicariato, aunque aún no se ha precisado cuáles serían los beneficios que podrían recibir.
En cuanto a Los Costeños y Los Pepes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que los diálogos con estos grupos han contribuido a una disminución de la criminalidad en Barranquilla.
Las cifras respaldan esta afirmación: noviembre cerró con 31 asesinatos frente a 52 del mismo mes del año 2024, lo que representa una reducción del 40%.
PUBLICIDAD
Al cierre de octubre, tras el primer mes de tregua entre ambas bandas, Barranquilla registró una disminución del 43% en homicidios y del 88% en extorsión. No obstante, en las poblaciones fuera del área metropolitana, los asesinatos aumentaron un 66% durante ese periodo.
El Gobierno aclaró que, tanto en el caso de La Inmaculada en el Valle como en el de Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, se busca un mecanismo de sometimiento a la justicia y, eventualmente, una reducción de penas para quienes ya están condenados, siempre sujeto al visto bueno de las autoridades judiciales, encabezadas por la Fiscalía General de la Nación.