El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro acerca del comportamiento de la fuerza pública durante una manifestación reciente en la ciudad.
Galán afirmó que el Estado no está actuando para defender los derechos de los ciudadanos que no participan en las protestas y sufren por los bloqueos, mientras pidió un equilibrio entre la protección de la protesta social y la garantía de derechos a quienes se ven afectados por estas acciones.
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Las declaraciones surgieron después de una publicación en redes sociales de Petro, que cuestionó el proceder de la fuerza pública tras un incidente en una manifestación con presencia de expresiones artísticas en Bogotá.
El mandatario nacional indicó que esperaba una investigación “profunda” sobre la actuación de la policía local, ante lo que consideró una respuesta inconstitucional.
En su texto, el presidente remarcó: “Desde la Alcaldía reprimieron esta expresión artística de protesta y de nuevo contra el ojo de un manifestante. La Alcaldía de Bogotá debe entender que no preside Duque el país. Espero investigación profunda sobre la Policía de Bogotá por esta acción inconstitucional”.
Ante esas afirmaciones, Carlos Fernando Galán sostuvo que, bajo su administración, no se han confirmado abusos por parte de la policía en los operativos relacionados con manifestaciones.
El alcalde enfatizó la relevancia de mantener espacios de diálogo con el Gobierno nacional, pero también reivindicó la necesidad de actuar cuando los bloqueos afectan la cotidianidad ciudadana en la capital.
Según Galán, “Colombia tiene que avanzar en garantizar la protesta social, y (…) tenemos que dar la discusión de cómo garantizamos los derechos de quienes no están protestando, porque a Bogotá la bloquean todos los días. La misma gente afectada por los bloqueos dice, vamos a actuar, porque el Estado no está actuando para defender nuestros derechos”.
Dentro de su pronunciamiento, Galán subrayó que la ciudad necesita mayor “blindaje” y mayor número de efectivos para cubrir los múltiples eventos que se desarrollan a diario en Bogotá, entre ellos manifestaciones, actividades culturales y deportes.
En su respuesta al jefe de Estado, el alcalde indicó que la fuerza disponible resulta insuficiente para la totalidad de la demanda.
“El presidente, como comandante en jefe de las fuerzas militares del país, debe entender que el pie de fuerza es importante para garantizar que la ciudad cuente con equilibrio en seguridad y vigilancia”, explicó Galán.
Adicionalmente, el mandatario distrital reiteró su posición sobre la necesidad de una reconfiguración del sistema judicial colombiano.
Recordó que, según sus datos, “siete de cada diez delincuentes capturados quedan en libertad”, algo que, de acuerdo con su visión, dificulta la reducción de robos, homicidios y atracos en la ciudad.
Declaraciones de Gustavo Petro
Recientemente, el presidente Gustavo Petro abordó el estallido social de 2021, que se originó tras el rechazo a la reforma tributaria propuesta durante el gobierno de Iván Duque.
El presidente señaló que esas protestas generaron episodios de violencia, muerte y una respuesta de la fuerza pública que fue ampliamente cuestionada por procedimientos considerados excesivos contra manifestantes, especialmente jóvenes pertenecientes a la Primera Línea.
Petro expresó su preocupación ante la aparente ausencia de resultados por parte de la Fiscalía General en la investigación de estos hechos.
Subrayó que había propuesto una terna de mujeres fiscales independientes, pero cuestionó por qué la actual fiscal, Luz Adriana Camargo, no ha dado prioridad a las indagaciones sobre el estallido social. Además, el presidente criticó la falta de acciones contra jueces que, según él, aceptaron instrucciones de la antigua Fiscalía para procesar como terroristas a jóvenes manifestantes.
El mandatario defendió que los jóvenes que participaron en las protestas no deben ser considerados terroristas, ni tampoco quienes migran a otros países por razones económicas.
Petro diferenció esta postura de la del expresidente Donald Trump, quien consideraba criminales ligados al terrorismo a quienes transportan drogas y autorizó acciones militares contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, medidas que el presidente colombiano interpreta como contrarias al derecho internacional humanitario.