La reciente incautación de 25 unidades de maquinaria destinadas a la minería ilegal en el departamento del Chocó marcó un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en la región del río Atrato.
Según las indagaciones preliminares, estos equipos pertenecerían al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, lo que refuerza la preocupación por la convergencia entre actividades extractivas ilícitas y organizaciones armadas en el occidente colombiano.
La operación, liderada por la Armada de Colombia en conjunto con el Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, se desarrolló en el área general del río Atrato.
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Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.16, junto a efectivos del Ejército y la Policía, ejecutaron labores de control y vigilancia en las principales arterias fluviales de la zona. Durante estas acciones, identificaron la explotación de yacimientos mineros sin los permisos requeridos por la legislación vigente.
El material incautado incluía dos excavadoras que eran remolcadas sin la documentación reglamentaria exigida por la Ley 1242 de 2008. Además, en una segunda fase de la operación de control fluvial, se localizaron 23 dragas tipo buzo ya instaladas y listas para ser utilizadas en actividades de explotación ilícita de minerales.
Esta maquinaria era empleada tanto en la exploración como en la extracción de recursos, generando graves daños ambientales y contribuyendo a la contaminación del río Atrato, uno de los afluentes más importantes del país. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes. Durante el desarrollo de estas operaciones, no se registraron capturas.
A través de un comunicado, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra los factores de inestabilidad en la región. La institución subrayó su determinación de enfrentar a los Grupos Armados Organizados y a quienes delinquen en la jurisdicción de la Brigada de Infantería de Marina No.1, con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad de la población ribereña del río Atrato.
Colombia y Brasil desmantelan red de minería ilegal en la Amazonía
En otro hecho reciente, una ofensiva conjunta entre Colombia y Brasil en el río Puré marcó un hito en la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía, al desmantelar una estructura criminal que generaba ingresos ilícitos de USD 9,3 millones mensuales y amenazaba tanto el equilibrio ambiental como la supervivencia de comunidades indígenas.
La segunda fase de la operación Amazonas Libre II, ejecutada en una zona donde convergen economías ilegales y daños ecológicos, movilizó a más de 90 uniformados colombianos, helicópteros Black Hawk y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en una acción respaldada por inteligencia compartida y plataformas de cooperación hemisférica.
La coordinación binacional, que involucró a la Policía Nacional, la FAC, el Centro de Coordinación Policial Internacional (Ccpi) y la Policía Federal de Brasil, se apoyó en la comunicación en tiempo real facilitada por el Ccpi y Ameripol. Este despliegue permitió una respuesta ágil ante las dinámicas transfronterizas de la minería ilegal, fenómeno que sostiene cadenas criminales y ha puesto en riesgo la integridad de territorios de alta biodiversidad.
Durante la intervención, las autoridades destruyeron 14 dragones fluviales, tres remolcadores, 33 motores y una excavadora, además de incautar 4.800 galones de combustible y 2,5 kilogramos de mercurio. Según la Policía Nacional, estos activos representaban más de $12.000 millones en bienes que alimentaban la cadena criminal asociada a la minería ilegal.
Los datos oficiales revelaron que cada draga tenía la capacidad de extraer cerca de 6.000 gramos de oro al mes, volumen que sustentaba los elevados ingresos ilícitos y abastecía de recursos al Bloque Amazonas de las disidencias de alias Iván Mordisco y a los Comandos de Frontera.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó la magnitud del daño económico y ambiental, al afirmar que “la Amazonía no es solo pulmón del mundo; es hogar, es vida y es futuro”.
Sánchez calificó la operación como un “fuerte golpe contra la minería criminal que destruye nuestros ríos y financia a estructuras criminales como las del cartel de alias Mordisco y las del cartel de alias Araña”.
El balance oficial precisó que la intervención también buscó frenar los impactos sobre el Parque Nacional Natural Puré, hábitat de la última tribu indígena no contactada de Colombia.