El cruce de declaraciones entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela elevó la tensión en el debate político colombiano tras la reciente locución presidencial.
El principal punto de discordia surge a raíz de la percepción sobre el manejo del narcotráfico en Colombia, que movilizó reacciones encontradas en la opinión pública.
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“Espectacular, berraca la locución que el presidente acaba de hacer a los colombianos”, escribió Benedetti, que atribuyó los cuestionamientos de la oposición a intereses electorales y sostuvo que esos ataques están respaldados por sectores que identificó como “la derecha” y “la mafia”.
El ministro señaló que estas estrategias buscan vincular al gobierno con el narcotráfico para perjudicar su imagen previa a las elecciones: “Nos tratan de atacar a nosotros, quedando nosotros como si fuéramos los narcotraficantes, cuando este presidente es el que más ha luchado contra el narcotráfico”.
En su pronunciamiento en X, Benedetti puso en duda el proceder de algunos órganos estatales y sugirió que existen decisiones administrativas y procedimientos judiciales que responderían a intereses ajenos a la ley, mencionando al Consejo Nacional Electoral (CNE) y empleando términos como “allanamiento” y “mafia”.
Afirmó que las acusaciones de infiltración en el Estado para favorecer a la guerrilla resultaron infundadas: “Quedó demostrado que es mentira”.
En el cierre de su publicación, Benedetti expresó preocupación por el hecho de que sectores del centro y la izquierda estén aceptando versiones falsas sobre el gobierno: “Parece que estuvieran creyendo todas las mentiras de nosotros”.
En respuesta, el exministro Wilson Ruiz Orejuela respondió de manera contundente: “Berraco es cómo ustedes pretenden engañar al país”, cuestionando la afirmación de que el actual mandatario ha luchado más que cualquier otro contra el narcotráfico.
Ruiz Orejuela citó cifras recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), asegurando que Colombia concentra el 67% de los cultivos de coca y ha experimentado un aumento del 53% en la producción de cocaína, lo que consideró un récord mundial preocupante.
“Usar la frase de ‘época electoral’ para tapar ese desastre es descarado. @AABenedetti, no mienta más”, finalizó en su publicación.
Gustavo Petro reafirmó su lucha contra el narcotráfico: “Los resultados hablan por sí solos”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró el martes 25 de noviembre de 2025 su determinación frente a la lucha antidrogas, en medio de un escenario político y diplomático tenso.
Lo hizo a través de un mensaje publicado en X, donde respondió a las preguntas sobre la efectividad de su administración: “poner en duda mi posición en contra del narcotráfico es tarea de la oposición y nuestros malquerientes, pero los resultados hablan por sí solos: setecientos extraditados”, manifestó.
El contexto internacional cobró relevancia tras la reciente inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta sanción prohíbe cualquier transacción desde territorio estadounidense relacionada con los mencionados y congela activos e intereses en ese país.
Durante la misma jornada, el presidente citó resultados específicos de la política de seguridad al puntualizar que las disidencias dirigidas por “Iván Mordisco”, a quienes señala como parte de la “junta del narcotráfico”, enfrentan ofensivas estatales.
Además, advirtió sobre el trato que recibirán los grupos armados en proceso de negociación: “si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”.
Las estadísticas divulgadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante el Consejo de Ministros el 25 de noviembre de 2025, refuerzan la postura presidencial.
Según el informe, la destrucción de laboratorios clandestinos ocurre cada 40 minutos en Colombia, mientras que durante 2024 se incautaron 883.793 kilogramos de cocaína y 76.528 kilogramos de pasta base.
El número de laboratorios desmantelados alcanzó 5.209 instalaciones y para 2025 se estima el desmantelamiento de 5.584 infraestructuras similares.
Sánchez indicó que la estrategia oficial no se limita a la incautación, sino que incorpora alternativas para reemplazar economías ilícitas en zonas rurales.