La molestia se hizo pública luego de que se conocieran las presuntas relaciones de integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá con el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.
El sector de la vigilancia privada sostuvo que el caso no solo afecta la imagen institucional, sino que abre interrogantes sobre el manejo reciente de las autorizaciones para la operación de empresas.
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De acuerdo con las empresas agrupadas en el gremio, la situación amerita respuestas rápidas por parte de la Fiscalía y de los organismos de control.
Aseguran que la controversia alimenta dudas sobre procesos en los que debería primar la transparencia, dada la sensibilidad de la actividad de vigilancia y seguridad privada en el país.
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El presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP), Miguel Ángel Díaz, señaló que el gremio reclama claridad sobre “18 licencias exprés” que —según su afirmación— fueron expedidas durante los últimos cuatro años. Para los empresarios, es fundamental determinar si esas autorizaciones se ajustaron a los requisitos legales o si están vinculadas a actuaciones irregulares.
Díaz subrayó que el escándalo reciente aumenta la urgencia de una revisión rigurosa de esos trámites: “Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y, sobre todo, celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”.
En paralelo a las inquietudes del gremio, la Procuraduría General de la Nación tomó medidas disciplinarias frente al caso que involucra al general Huertas y a Wilmar Mejía. El organismo anunció la suspensión provisional de ambos funcionarios, mientras avanza la investigación por sus presuntos vínculos con estructuras ilegales.
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El escándalo se conoció luego de denuncias sobre posibles acercamientos entre los mencionados funcionarios y hombres de las disidencias de alias Calarcá.
Aunque las autoridades aún no han revelado conclusiones definitivas, la apertura de las indagaciones generó un efecto inmediato en diferentes sectores, especialmente entre compañías que deben cumplir estrictos requisitos para operar.
Para las empresas de vigilancia privada, la coyuntura pone sobre la mesa la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de licenciamiento en el país.
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Señalan que, en un sector donde la idoneidad y la legalidad de los operadores son esenciales para garantizar la seguridad, cualquier trámite exprés o irregular tendría impactos graves en la confianza pública.
El llamado del gremio apunta a que los organismos de control establezcan si las licencias cuestionadas fueron entregadas sin cumplir los filtros reglamentarios o si existe alguna relación entre esos trámites y los hechos por los que fueron suspendidos el general Huertas y Mejía.
También piden que se diferencie a las compañías que cumplen con los requisitos legales de quienes, según ellos, estarían obteniendo beneficios injustificados.
A pesar de la solicitud formal del gremio, hasta ahora las autoridades no han entregado información detallada sobre esas 18 licencias.
Sin embargo, la presión del sector privado se suma a las decisiones disciplinarias ya adoptadas y a las investigaciones abiertas por posibles vínculos con organizaciones armadas ilegales.
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