El Complejo Ballena es una instalación de gas natural en Colombia, ubicada en La Guajira, que recibe, procesa y envía el gas de los campos Chuchupa y Ballena al Sistema Nacional de Transporte. Este proceso implica comprimir y deshidratar el gas para poder distribuirlo a hogares e industrias tanto en la costa norte como en el interior del país.
Dicho campo, situado en el municipio de Manaure (La Guajira), atraviesa una crisis desde el 3 de noviembre debido a bloqueos en sus accesos de la comunidad de Carrapiñapule. La situación puso en riesgo la integridad de 26 trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones y amenaza con la suspensión del suministro de gas en el norte y centro de Colombia.
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Y es que el mismo, nada más y nada menos, produce hasta 70 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que resalta su importancia estratégica para millones de usuarios en el país.
Los bloqueos impiden la entrada y salida de personal, alimentos e insumos esenciales para la operación y escalaron en las últimas horas. Hocol, filial de Ecopetrol y titular del 47% del contrato de asociación en La Guajira (el 53% restante corresponde a Ecopetrol), advirtió que la situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad de las actividades de mantenimiento, obras civiles y operación de los pozos de producción de gas.
Ante la imposibilidad de garantizar condiciones seguras, la empresa activó protocolos de emergencia para proteger la vida y la salud de las personas, así como para evitar daños irreversibles a la infraestructura.
Apagado de pozos productores
La permanencia de los bloqueos podría llevar al apagado de los pozos productores, lo que, según Hocol, “obligaría a suspender el abastecimiento del energético en el norte y el centro del país”. La advertencia resalta el impacto potencial sobre el suministro nacional de gas, en un contexto donde el déficit de este recurso ya representa un desafío para Colombia.
Las demandas de la comunidad de Carrapiñapule, responsables de los bloqueos, se centran en el cumplimiento de compromisos históricos del Estado colombiano, específicamente en áreas como agua potable, educación, transporte escolar y el reconocimiento de autoridades tradicionales.
Dichas exigencias están dirigidas al Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Manaure, y no guardan relación directa con la industria extractiva ni con las operaciones de Hocol.
Obligaciones con las comunidades
Al respecto, la empresa insistió en que cumplió con todas sus obligaciones hacia las comunidades aledañas. “La empresa ha cumplido todos y cada uno de los compromisos y obligaciones en su actividad y ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición a acompañar y apoyar los procesos de diálogo, pero sin sustituir las obligaciones legales y constitucionales de las entidades responsables”, puntualizó.
Además, la compañía remarcó el respeto que tiene por el derecho ancestral de las comunidades étnicas de la región.
Llamado a las autoridades
Frente a esto, Hocol hizo un llamado a las autoridades estatales para que adopten medidas inmediatas que permitan “garantizar la vida, la integridad y la libertad de movilidad de los trabajadores; levantar el bloqueo y restablecer el acceso a esta infraestructura estratégica para Colombia”. La empresa insistió en que la prioridad debe ser tanto la seguridad de las personas que laboran en el complejo como la preservación del suministro de gas natural para el país.
La situación en el Complejo Ballena evidencia la tensión entre las necesidades históricas de las comunidades locales y la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos fundamentales, así como la importancia de la infraestructura energética para la seguridad nacional. Hocol, por su parte, reafirmó la disposición a participar en los procesos de diálogo y acompañamiento, manteniendo su compromiso con la legalidad y el respeto a las comunidades, pero recalcó que la solución de fondo corresponde a las entidades estatales responsables.