Un nuevo capítulo en la disputa entre Gustavo Petro y el grupo empresarial Keralty se abrió tras una publicación del presidente en su cuenta de X, en la que acusó a la compañía de haber realizado una donación de cincuenta millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, que posteriormente asumió el cargo de superintendente de Salud durante el gobierno de Iván Duque.
Esta afirmación se suma a los recientes cruces de declaraciones entre el mandatario y los propietarios de la EPS Sanitas, intensificando la controversia en torno a la relación entre el sector salud y la política en Colombia.
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El jueves 19 de noviembre, durante un consejo de ministros, Petro ya había manifestado públicamente sus críticas hacia Keralty.
La respuesta del grupo empresarial no se hizo esperar y llegó en la mañana del día siguiente, el 20 de noviembre, cuando la compañía defendió su posición frente a las acusaciones del presidente.
Sin embargo, la tensión escaló cuando el jefe de Estado recurrió a las redes sociales para exponer una denuncia concreta sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
En su mensaje, Petro escribió: “La empresa Keralty, Sanitas, donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal que después se convirtió en superintendente de salud de Duque. Está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas. Para mí ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros”.
La controversia se centra en la supuesta contribución de Keralty a la campaña de Aristizábal, un hecho que, de confirmarse, violaría la prohibición constitucional sobre la financiación extranjera en procesos electorales.
El señalamiento de Petro no solo apunta a una posible infracción legal, sino que pone en tela de juicio la independencia de las autoridades de salud y la influencia de actores privados en la toma de decisiones públicas.
Senador Antonio Sanguino denunció en 2020 a Fabio Aristizábal Ángel por recibir donaciones de Keralty
En 2020, el entonces senador Antonio Sanguino, presentó una queja disciplinaria contra Fabio Aristizábal Ángel, que ejercía funciones como superintendente Nacional de Salud, por presunto conflicto de intereses relacionado con su anterior campaña al Senado y su gestión en la vigilancia de entidades del sector salud.
En el documento radicado en el despacho del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se solicitaba que se investigara si Aristizábal Ángel había incurrido en faltas disciplinarias al no haberse declarado impedido para intervenir en procesos que involucraban a la E.P.S. Sanitas S.A.S. y su matriz, Keralty S.A.S., empresas que habrían financiado su campaña política antes de su nombramiento como superintendente.
En el documento se pedía además que se evalara la transparencia de sus actuaciones administrativas y la posible existencia de influencia indebida en los procedimientos de control sobre dichas entidades.
La queja detallaba que Fabio Aristizábal Ángel había sido elegido congresista el 11 de marzo de 2018 por el partido Centro Democrático, recibiendo apoyo económico de empresas privadas, entre ellas la Organización Sanitas Internacional S.A.S. (Keralty S.A.S.). Posteriormente, asumió la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud, organismo encargado de la inspección y vigilancia de las EPS, incluidas las empresas que lo apoyaron financieramente.
Entre las acciones señaladas, se mencionaba la expedición de la Circular Externa número 000008 del 14 de septiembre de 2018, que modificó regulaciones sobre el retiro voluntario y la capacidad de afiliación de las EPS.
La queja advertía que, pese a la relación previa con Keralty S.A.S., el superintendente no manifestó impedimento para participar en decisiones que afectaban a la E.P.S. Sanitas S.A.S.
En el documento se solicitaba también la publicación de los resultados de auditorías realizadas a las resoluciones de constitución de las EPS, en las que se vetaron afiliaciones y autorizaciones de funcionamiento, y que se investigara la procedencia de la financiación de campañas políticas por parte de empresas privadas que luego obtienen concesiones administrativas.