La nueva declaración de Manuel Castañeda, conocido en la opinión pública como el “narcochofer de la UNP”, reavivó la controversia alrededor del allanamiento realizado en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia (Atlántico).
En una entrevista de W Radio, Castañeda aseguró que el verdadero objetivo del procedimiento liderado por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana habría sido “entrampar” al ministro y vincularlo con actividades de narcotráfico.
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El episodio se suma a una cadena de tensiones entre Benedetti y Lombana, quien el 11 de noviembre encabezó la diligencia judicial en su residencia.
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Desde entonces, el ministro ha denunciado una persecución en su contra y admitió públicamente que incluso consideró renunciar a su cargo debido al ambiente de presión generado por las actuaciones de la magistrada.
En sus declaraciones, Manuel Castañeda relató que el lunes 17 de noviembre sostuvo una llamada telefónica con el abogado Miguel Ángel del Río y con el propio Benedetti. Aunque inicialmente negó que el ministro hubiese participado directamente en la conversación, luego aceptó que ambos estaban presentes en la conferencia telefónica.
De acuerdo con su versión, el tema principal del diálogo fueron los “entrampamientos” que, según Castañeda, estarían buscando afectar a Del Río.
En medio de esa discusión, el exfuncionario hizo una revelación que hasta ese momento no había sido conocida públicamente y que, según él, provino de una fuente con la que mantiene plena confianza.
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“Obviamente le mencioné, incluso, un tema adicional que no se conoce en los medios. Le dije que existía una fuente muy cercana a mí que me ha filtrado una información referente al allanamiento que le hicieron al doctor Benedetti. El fin de ese allanamiento, más que una diligencia judicial, era buscar encontrar en su residencia unas armas o una droga para poderlo vincular a temas de narcotráfico”, afirmó Castañeda durante la entrevista.
El exconductor de la UNP señaló además que él no es quien maneja de primera mano esta información, sino que proviene de un tercero cuya identidad prefirió no revelar, pero cuyo testimonio —según dijo— le merece total credibilidad. “Ese fue el fin de la conversación”, puntualizó.
Benedetti habla de persecución y se disculpa públicamente
Las declaraciones de Manuel Castañeda reforzaron la narrativa que Armando Benedetti ha sostenido desde que se conoció el allanamiento a su residencia. El ministro del Interior insiste en que la magistrada Cristina Lombana mantiene una “persecución” en su contra y que ha usado de manera desproporcionada herramientas judiciales con fines políticos.
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Días después de la diligencia, Benedetti ofreció disculpas públicas por los insultos que profirió contra la magistrada cuando se hizo pública la intervención en Lagos de Caujaral. No obstante, reiteró que considera injustificado el procedimiento y que este buscaba perjudicarlo.
En paralelo, las acciones legales emprendidas por su apoderado, el abogado David Benavides, profundizaron la controversia. Benavides presentó denuncias disciplinarias y penales contra Lombana por abuso de autoridad, empleo ilegal de la Fuerza Pública y prevaricato.
El ministro sostiene además que la magistrada no es su juez natural y anunció que acudirá a instancias internacionales. Afirma que el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, originado en denuncias de El Tiempo, fue trasladado hace meses al despacho del magistrado César Reyes.
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De acuerdo con el medio citado, el allanamiento hace parte de una nueva pesquisa sobre los movimientos financieros del ministro, relacionada con su rol en la campaña presidencial de 2022.
La vivienda allanada, antes ocupada por Álex Saab, fue cedida a Benedetti por el empresario Ricardo Leyva, cuya compañía obtuvo recientemente un contrato con Rtvc, hecho que ya investiga la Fiscalía.
A estas revelaciones se sumó la denuncia del abogado Camilo Enciso, quien señaló que Benedetti pagó en efectivo el arriendo de un apartamento de lujo en Bogotá para actividades de campaña, por un valor superior a 340 millones de pesos, además de otros gastos no reportados.
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Enciso afirmó que parte de estos pagos fueron cubiertos por un excuñado del ministro. Benedetti negó cualquier irregularidad y acusó a Enciso de falsa denuncia.Por su parte, Lombana defendió el procedimiento y agradeció el respaldo de la Fuerza Pública durante la diligencia.