El presupuesto destinado al agua potable y saneamiento básico en Colombia sufrirá un recorte del 53% en 2026, según la Contraloría General de la República. Esto, debido a que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del Gobierno Petro prevé que los recursos asignados a este sector pasarán de 1,5 billones en 2025 a 0,7 billones el próximo año, lo que representa una disminución cercana a $800.000 millones. La reducción amenaza con agravar la situación de más de cinco millones de personas que aún carecen de acceso a agua potable y de 12,5 millones que no cuentan con alcantarillado sanitario.
La Contraloría advirtió que este recorte pone en riesgo los avances logrados en las últimas décadas y podría profundizar las brechas regionales y sociales en el acceso a servicios básicos.
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La magnitud del ajuste presupuestal genera preocupación en las entidades de control. El informe de la Contraloría señala que, de mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, lo que puede afectar los avances logrados y profundizando las brechas regionales.
Durante el Foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en agua y saneamiento en las regiones”, el vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga, enfatizó la gravedad de la situación. Señaó que “garantizar el acceso efectivo a agua potable y saneamiento básico es uno de los compromisos más trascendentales del Estado colombiano. Sin estos servicios, no puede garantizarse el derecho a la vida, la salud, la vivienda digna ni un ambiente sano”.
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Brechas de acceso y desigualdad regional
Las desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento en Colombia persisten tres décadas después de la promulgación de la Ley 142 de 1994, que buscaba garantizar servicios públicos dignos para toda la población. Según datos de la entidad, el promedio nacional de cobertura de acueducto es del 90,1%, pero existen marcadas diferencias entre regiones: mientras la región Andina alcanza el 93,6%, la Amazonía apenas llega al 46,8%. En alcantarillado, la cobertura nacional es del 76,2%, pero en la Amazonía solo alcanza el 41,1%.
La brecha entre zonas urbanas y rurales sigue siendo significativa: 36% en acueducto, 78,4% en alcantarillado y 67,5% en aseo, lo que afecta especialmente a la población campesina.
Un informe de Unicef de 2024 reportó que Colombia tiene un 97% de acceso a agua potable gestionada de forma segura, cifra que, aunque elevada, se sitúa por debajo de Chile, Brasil, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y Perú, donde el acceso supera el 99%.
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Además, la Contraloría identificó que en 190 municipios el servicio de acueducto solo está disponible unas 12 horas al día, mientras que en las principales ciudades supera las 23,5 horas. Entonces, el avance en cobertura es lento: desde 1993, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas 3,2%, la de alcantarillado 11,8% y la de recolección de basuras 16,1%.
Ejecución presupuestal y eficiencia del gasto
A la reducción presupuestal se suma la baja eficiencia en la ejecución de los recursos disponibles. De acuerdo con la Contraloría, hasta el 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23% de su inversión total, y en el componente de agua, saneamiento y basura cero, la ejecución alcanzó apenas el 22%.
Zuluaga detalló que la Contraloría ha adelantado un seguimiento riguroso a estos recursos. Por ejemplo, entre el año 2020 y el año 2025 se hizo lo siguiente:
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- Se adelantaron 40 procesos auditores y la participación del Sistema General de Participaciones en este componente arrojaron setecientos 21 hallazgos administrativos, de los cuales 137 condujeron a incidencia fiscal por valor de $65.000 millones.
- Se hicieron 71 auditorías a los planes departamentales de agua, donde se configuraron 874 hallazgos administrativos y 231 hallazgos fiscales que sumaron $197.000 millones.
- El total de hallazgos fiscales detectados por la Contraloría entre 2020 y el primer semestre de 2025 asciende a 443.232 millones, resultado de auditorías al Sistema General de Participaciones, a los Planes Departamentales de Agua y a proyectos financiados con regalías.
La situación evidencia, según el órgano de control, que la inversión en agua y saneamiento no solo es insuficiente, sino también ineficiente.
Impacto ambiental y funcionamiento de plantas de tratamiento
El impacto ambiental de la deficiente gestión de los recursos es otro aspecto crítico. De las 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas por la Contraloría, solo el 39% funciona correctamente; el resto presenta fallas estructurales o se encuentra abandonado, lo que genera vertimientos contaminantes y agrava los problemas de salud pública y deterioro ambiental.
Zuluaga resaltó que la existencia de plantas de tratamiento abandonadas, acueductos inconclusos y alcantarillados que nunca entraron en operación refleja la ineficiencia y la falta de control en la ejecución de los proyectos.
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La Contraloría advirtió que el recorte presupuestal proyectado para 2026 también pone en riesgo la sostenibilidad de los avances alcanzados en las últimas décadas. Reducir el gasto en un momento en que el país enfrenta sus brechas más críticas podría, según el organismo, “afectar los avances logrados y profundizar las brechas regionales”.
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