El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual, hechos que ocurrieron cuando se encontraba a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá.
Al respecto, Amnistía Internacional advirtió que el Estado colombiano mantiene una grave crisis de impunidad relacionada con la falta de justicia y reparación integral en este caso.
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La organización internacional remarcó la persistencia de obstáculos estructurales que impiden el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia de género y crímenes contra periodistas.
El pronunciamiento de Amnistía Internacional señaló que el 31 de mayo del año 2000 la entidad emitió una acción urgente para exigir una investigación “inmediata y exhaustiva” sobre los hechos sufridos por Jineth Bedoya Lima durante su labor periodística.
En ese contexto, la periodista investigaba violaciones de derechos humanos cuando fue secuestrada y agredida en la puerta del penal en la capital colombiana.
Según declararon, “veinticinco años después no hay aún justicia para Jineth Bedoya”, recordando que el pasado 28 de abril la periodista informó sobre su intención pública de “desistir de su acción judicial”, lo que para la organización refleja el agotamiento generado por un sistema judicial que expone a las víctimas a procesos extensos, sin enfoque de género y con prácticas revictimizantes.
“Un sistema judicial que debería atender sin dilación y proteger a las víctimas las agota mediante procedimientos revictimizantes, sin perspectiva de género en las investigaciones, y perpetúa la impunidad hasta llevarlas a desistir de sus demandas”, expresó Amnistía en su comunicado.
La entidad subrayó que la situación de Jineth Bedoya no constituye un hecho aislado, sino que se integra en un contexto estructural de violencia basada en género en Colombia.
Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citados por Amnistía Internacional, revelan que en la última década se han practicado más de 23.000 valoraciones anuales por supuestos delitos sexuales en el país.
El caso de Jineth Bedoya transitó distintas instancias judiciales nacionales e internacionales. Con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil ), la periodista logró promover un proceso que culminó en 2021 con una condena del Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esa sentencia obligó al Estado a implementar medidas de reparación y garantías de no repetición, incluyendo políticas para salvaguardar la integridad de las mujeres periodistas.
Pese a esa condena internacional, Amnistía Internacional indicó que “el caso de Jineth no ha obtenido justicia y ella misma ha sido víctima de amenazas durante este tiempo, que también están en la impunidad”.
En su declaración, la organización expresó inquietud por “un patrón de procesos judiciales que se extienden indebidamente en el tiempo mientras las víctimas sufren nuevas agresiones y presiones para desistir de su búsqueda de justicia, que se suman a la prolongada impunidad”.
En su informe anual de 2024, Amnistía Internacional concluyó que “en Colombia persiste la impunidad ante graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo muchas donde podría haber responsabilidad de agentes del Estado”.
También recordó que las autoridades nacionales “siguen estando obligadas a cumplir con la sentencia de la Corte IDH sobre Jineth, la cual está pendiente de cumplimiento en muchos puntos, incluyendo la obligación de investigar y sancionar a los responsables”.
En coincidencia con el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la entidad reconoció “el gran aporte que Jineth Bedoya ha hecho por la defensa de los derechos de las mujeres y por la libertad de prensa en Colombia y en las Américas” y lamentó que “el sistema de justicia de su país la haya defraudado”.
Para Amnistía Internacional, el caso Bedoya ofrece una muestra persistente de la incapacidad institucional para garantizar justicia y seguridad a quienes denuncian violaciones graves de derechos humanos.
La organización llamó a las autoridades de Colombia a fortalecer los esfuerzos para terminar con lo que calificó como “la crisis de impunidad que sigue aún vigente” y reiteró la obligación estatal de cumplir cabalmente con todas las medidas establecidas en la sentencia internacional.