Revelan el multimillonario contrato que firmó el Gobierno para repetir evento de reconocimiento a la Unión Patriótica porque Petro tenía gripa

La realización del acto público de reconocimiento internacional por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfrentó una serie de obstáculos logísticos, políticos y presupuestales que retrasaron su cumplimiento durante casi dos años.

El evento, que debía materializar la condena internacional al Estado colombiano por el genocidio de la UP, implicó la suscripción de contratos millonarios y la reprogramación de fechas y sedes, sin que hasta ahora se haya concretado la participación del presidente Gustavo Petro en el acto central.

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El 11 de octubre de 2024, la Plaza de Bolívar de Bogotá fue el escenario donde las víctimas del exterminio de la UP aguardaron desde primeras horas la presencia de Gustavo Petro, quien debía encabezar el acto de reconocimiento. Sin embargo, un “fuerte cuadro gripal y respiratorio” impidió que el mandatario recorriera las dos cuadras que separan la Casa de Nariño de la plaza, lo que derivó en la suspensión del evento. Esta ausencia no solo frustró el acto simbólico, sino que también impidió el cumplimiento de la sentencia internacional, según lo dispuesto por la Corte Interamericana en 2022.

La organización del evento había requerido la firma de un contrato de $3.700.000.000 con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., que contemplaba la logística integral: desde tiquetes aéreos y hospedaje para las víctimas, hasta la instalación de tarimas y equipos de sonido tanto en Bogotá como en Medellín, donde se había previsto un punto satélite. La cancelación obligó a replantear la estrategia y generó un nuevo gasto para el erario.

De acuerdo con Cambio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suscribió recientemente un segundo contrato, esta vez por $3.997.805.444, con el Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S. El objetivo es garantizar la realización del acto de reconocimiento internacional que no pudo llevarse a cabo por la incapacidad médica del presidente. Este nuevo acuerdo financiará el traslado y alojamiento en Santa Marta de 1.060 personas incluidas en listados proporcionados por organizaciones de víctimas de la UP, así como la participación de aproximadamente 1.500 asistentes.

Tras la suspensión inicial, el Gobierno propuso que un ministro presidiera el acto, pero las víctimas rechazaron la alternativa y consideraron que la ausencia del presidente Petro constituía un incumplimiento. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostiene que la responsabilidad de la cancelación no recae en el Ejecutivo, argumentando que las víctimas “decidieron no permitir la continuidad del acto” y que “se abstuvieron de participar en las actividades programadas y adoptaron acciones para impedir el desarrollo de la agenda”.

En respuesta a la controversia, el Gobierno nacional, en concertación con las víctimas, acordó que el nuevo acto de reconocimiento se celebrará el 9 de noviembre de 2025 en Santa Marta, durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que reunirá a delegados de 60 países. La propuesta de vincular el evento a la cumbre internacional provino del despacho del presidente Petro, quien también sugirió la posibilidad de realizarlo en Bogotá y de que, en caso de fuerza mayor, un ministro lo presidiera.

No obstante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que, hasta la fecha, no ha recibido comunicación oficial sobre la designación de un ministro o ministra que pudiera encabezar el acto, pese a haber reiterado la solicitud a los representantes de las víctimas mediante el radicado 202510007741 del 11 de agosto de 2025.

Carolina Maya, codirectora de la Corporación Reiniciar, explicó que la decisión de realizar el evento en Santa Marta no respondió a una solicitud de las víctimas, sino a una propuesta del Gobierno nacional fundamentada en dos razones:

“Garantizar la participación del Presidente Gustavo Petro y darle una mayor visibilidad, nacional e internacional, al exterminio de la UP o genocidio -como lo reconocemos nosotros- y al reconocimiento de responsabilidad internacional en su comisión por parte del Estado colombiano”, expresó Maya.

Añadió que las víctimas esperan que se cumplan los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación, en particular el compromiso de que sea el presidente Petro quien encabece el acto, tal como él mismo lo ha manifestado en diferentes espacios, incluidos los Consejos de Ministros. Maya subrayó que, hasta el momento, las representaciones de las víctimas no han aceptado que un ministro o ministra asuma la responsabilidad del reconocimiento.

La falta de recursos presupuestales también fue un factor determinante en los retrasos. Documentos conocidos por Cambio revelan que la ausencia de fondos impidió la realización del evento en diciembre de 2024, fecha propuesta por la Presidencia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado detalló: “El Dapre adelantó reuniones de coordinación interinstitucional y, con el apoyo de varios ministerios, planteó la viabilidad de realizar nuevamente el acto el 9 de diciembre de 2024 en la Plaza de Armas de la ciudad de Bogotá. No obstante, su ejecución no fue posible por la falta de disponibilidad presupuestal para cubrir el traslado y hospedaje de las víctimas convocadas. Esta limitación financiera impidió materializar el acto en la fecha prevista”.