A pesar de que no hacerlo fue una de las promesas de campaña, el presidente Gustavo Petro ha indicado lo positivo que sería convocar una asamblea constituyente para Colombia.
Al respecto, el 23 de octubre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un borrador del proyecto con el que el Gobierno nacional buscará convocar a una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución Política de 1991.
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En rasgos generales, la propuesta establece que la asamblea estaría conformada por 71 delegatarios, con representación equitativa entre hombres y mujeres, e incluiría diversos sectores sociales como campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, gitanos, jóvenes, víctimas del conflicto, afrocolombianos e indígenas.
El periodo de sesiones se limitaría a tres meses, y la asamblea tendría atribuciones para modificar la Constitución Nacional, sin disolver el Congreso de la República. El proyecto establece que deberán respetarse los tratados internacionales sobre derechos humanos y no podrá haber retrocesos en materia de derechos fundamentales y sociales.
Debido a las reacciones que se han generado al respecto en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en estudios jurídicos, políticos e internacionales y docente de la Universidad de la Sabana Sergio Morales, entregó un análisis sobre los aspectos generales del borrador.
En primer lugar, el experto analizó el contexto en el que se registró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y porque en ese momento era una necesidad para el país.
“La Constitución de 1986 tenía un perfil conservador, centralista y confesional. El catolicismo ocupaba un lugar institucional importante. Es por ello que la del 1991 es el resultado de un proceso democrático, pluralista, la respuesta a una crisis institucional”.
Al respecto, destacó los cambios más notorios que hasta la fecha siguen beneficiando a la población y que representan algunas características de la nación ante el mundo.
“Elevó a rango constitucional otros mecanismos, se produjo un viraje en libertad religiosa, pasamos de ser un Estado confesional a un Estado laico que protege y garantiza en condiciones de igualdad a todos los cultos”.
Al hablar del borrador expuesto por el Gobierno nacional, indicó que este no ofrece soluciones reales, sino que busca modificar por completo algo que no está mal.
“La reforma constitucional que propone el presidente Petro no resuelve por sí misma los problemas de la implementación. Como Estado Social de Derecho, la carta reconoce que hay necesidades básicas y satisfechas y que el Estado no siempre tiene la capacidad económica o administrativa para garantizarlo todo. Nos deja en puertas de los contextos completamente distintos. Uno social con necesidades reales de cambios institucionales y acá hay es uno político y con poca claridad argumentativa”.
Para argumentar su postura, Morales explicó qué se debe denominar como un problema constitucional, reafirmando que lo expuesto por el ministro de Justicia no debería ser calificado de esa forma.
“Lo que el discurso reconoce es la insuficiencia o la ineficacia de la acción gubernamental para ejecutar políticas, no una falta del texto constitucional que exija una refundación. Ese patrón se va redefiniendo en otras áreas porque la carta trae principios, instrumentos y esa diferencia la marcan la ejecución administrativa, la gobernanza interinstitucional y las mayorías democráticas, esto es competencia del Ejecutivo”.
Para el experto, una constituyente que actualice el texto de 1991 podría tener varios aspectos positivos por los cambios que se han registrado en la sociedad desde entonces.
“En el lado positivo, un proceso constituyente puede visibilizar demandas de grupos sociales marginados; actualizar el texto a nuevas realidades como, por ejemplo, las tecnologías, la inteligencia artificial, la protección de datos”.
Sin embargo, luego de nombrar los escenarios positivos de una asamblea nacional constituyente, argumentó por qué lo que propone el Gobierno Petro no es favorable para el país en estos momentos.
“Recordemos que el mandato del presidente en este momento no es actualizar el texto, es precisamente derogarlo completamente y hacer uno nuevo. Hay riesgos evidentes. Primero, usar la constitución para destrabar bloqueos políticos ordinarios, como la falta de mayorías en el congreso. Eso desnaturaliza las reglas del juego democrático, porque hay que entender que a veces se gana y a veces se pierde. No es el pueblo el que está haciendo la asamblea, es el ministro de Justicia, el Gobierno nacional, que pone en manos del pueblo de Colombia un instrumento para materializar esa iniciativa que realmente están teniendo ellos. Eso es una contra muy grande”, puntualizó.