En un suceso que rápidamente fue replicado por los medios de comunicación independientes que operan fuera de Venezuela, la activista Ana Karina García denunció en la noche del miércoles 15 de octubre que su asistente fue víctima de un asalto violento a solo dos cuadras de su domicilio en Bogotá; en un hecho que, según sus palabras, representa un nuevo episodio en la serie de amenazas y hostigamientos.
García, que es líder de la fundación ‘Juntos se Puede’, indicó que este hecho significa una nueva afrenta para los que defienden los derechos humanos en el exilio. “Mi asistente fue interceptada a tan solo dos cuadras de mi casa en Bogotá, Colombia, este miércoles 15 de octubre”, afirmó García en su perfil de X, que entrego a continuación mayores detalles de lo que ocurrió en su caso, en medio del natural temor.
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La activista relató que los agresores, a los que identificó como venezolanos, abordaron a su colaboradora con una pregunta directa. “Le preguntaron si trabaja conmigo y con la fundación Justos Se Puede”, explicó García. Tras la confirmación, los sujetos procedieron a despojarla de su teléfono móvil de manera violenta, un acto que la activista no considera un hecho aislado, por recientes antecedentes.
El preocupante relato de activista venezolana en Colombia
En su denuncia, la lideresa reiteró la existencia de una vigilancia sistemática sobre su entorno personal y profesional. “Una camioneta con placas de Venezuela ha sido vista vigilando de cerca tanto las inmediaciones de la fundación como las de mi residencia personal durante las mañanas”, detalló la activista, que interpretó estos hechos como parte de un patrón de intimidación contra activistas.
Ante la gravedad de la situación, García alertó a las autoridades colombianas, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, al presidente de la República, Gustavo Petro y a la Cancillería, con un mensaje en el que pidió resguardo para su equipo, su familia y para ella misma. “Solicito formalmente protección para mi equipo de trabajo, mi familia y mi persona”, expresó la activista en su perfil de X.
Y es que el incidente se produjo pocos días después del atentado sicarial en Colombia contra el activista Yendri Velásquez y el asesor político Luis Peche, ocurrido el lunes 13 de octubre, lo que, según la denuncia de García, evidencia un patrón de intimidación dirigido a los venezolanos que ejercen el activismo en el exilio. En especial, de aquellos los que han cuestionado el régimen de Nicolás Maduro.
Frente a estos sucesos, García había comentado que tanto Velásquez como Peche llegaron en momentos diferentes. En el caso del primero, se trasladó hace cerca de un año, después de permanecer detenido en Venezuela, pues fue liberado por la presión internacional al ser un reconocido defensor de la comunidad Lgtbi+; y también es uno de los integrantes de la organización Amnistía Internacional.
“Unas personas identificadas como miembros del Tren de Aragua les decían que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela,ellos iban a atentar contra ellos. En esa amenaza les mandaron la dirección de donde vivían. Nos tocó moverlos de lugar“, expresó la activista en diálogo con Semana, frente a la situación que ya empieza a inquietar a líderes sociales y académicos.
La académica Ligia Bolívar, que huyó de Venezuela por culpa de la dictadura, fue una de las que le recriminó al presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la falta de medidas de protección. Y en su más reciente pronunciamiento rechazó la hipótesis del jefe de Estado de que el bloqueo sobre el estado fronterizo, por parte de Estados Unidos, fue el que desencadenó la migración hacia Colombia.
“Ni Yendri, ni Peche, ni yo, ni miles de perseguidos estamos en Colombia por las sanciones de EE. UU., sino por el apartheid político que nos impuso Maduro. Acéptenos por lo que somos, presidente: personas con necesidad de protección internacional”, afirmó la docente y especialista en derechos humanos, que denunció cómo se han registrado demoras para la regularización de sus connacionales.