La posibilidad de que los cabecillas del Tren de Aragua revelen información sobre sus presuntos vínculos con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ha generado expectativa en diversos sectores políticos y judiciales.
Según el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, los jefes de la organización criminal estarían dispuestos a aportar detalles sobre esas relaciones si el Gobierno colombiano accede a instalar una mesa de diálogo formal.
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“Si llegara a existir esa relación, estoy seguro de que, si se avanza en una mesa de negociación, ellos están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo, como quiénes no lo han tenido”, afirmó Moreno en declaraciones a W Radio.
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El Tren de Aragua, originario de Venezuela, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más temidas del continente. Su estructura opera en varios países de América Latina, desde México hasta Chile, con una fuerte presencia en Colombia y registros de actividades en España.
El grupo está vinculado a delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestro y homicidio por encargo, lo que llevó al Gobierno de Estados Unidos a incluirlo en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Incluso, el expresidente Donald Trump lo comparó en su momento con Al Qaeda por su poder y capacidad transnacional.
Carta desde La Picota
En medio de este panorama, Larry Changa, considerado uno de los fundadores del Tren de Aragua, envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado de Paz Otty Patiño, en la que manifestó su disposición a dialogar.
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En la misiva, el detenido —actualmente recluido en la cárcel La Picota de Bogotá— acreditó a Luis Gustavo Moreno como su apoderado para explorar un eventual proceso en el marco de la política de “paz total” que impulsa el Gobierno Nacional.
Larry Changa enfrenta una solicitud de extradición a Chile, donde es requerido por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y secuestro no consumado.
“No buscan impunidad, buscan verdad”
En entrevista con el medio citado, Moreno explicó que su papel, junto al abogado Caleb Giraldo, se limita a la defensa de Larry Changa, quien ha sido designado por la organización como vocero para explorar una posible negociación en el marco de la Ley 2272 de 2022, que reglamenta la política de paz total.
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“El propósito no es frenar la extradición ni ofrecer impunidad. La paz no excluye la justicia y la justicia no excluye la paz. Y la paz no se construye con silencios”, enfatizó Moreno, quien recordó que el objetivo es abrir un espacio para la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.
El abogado recalcó que la organización estaría dispuesta a contribuir con información sobre presuntos vínculos con funcionarios venezolanos y el llamado Cartel de los Soles, pero subrayó que cualquier aporte debe darse dentro de una mesa de diálogo formal.
“Yo creería que la organización en general está dispuesta a explorar la construcción de verdad. Desde luego, si se instauran estas mesas, eso implicaría un espacio de reconocimiento y aporte a la verdad, como garantía de no repetición”, afirmó.
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El Gobierno descarta una negociación
A pesar de la propuesta, el Gobierno colombiano ha mostrado una posición firme. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que no existe ningún interés en abrir negociaciones con el Tren de Aragua.
El funcionario señaló que ya se ha aceptado la petición de extradición a Chile de varios de los cabecillas, incluido Larry Changa.
La Corte Suprema de Justicia avaló la medida y el presidente Gustavo Petro firmó la resolución correspondiente. Sin embargo, la ejecución permanece en suspenso mientras la defensa del procesado tramita un recurso de reposición.
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“Si el Gobierno los escuchara, sería un paso hacia la verdad regional, no hacia la impunidad”, replicó Moreno, quien insistió en que el diálogo no implica beneficios automáticos, sino un marco legal de sometimiento y colaboración, como ya ocurre con otros grupos en proceso de acogimiento a la ley.