Bogotá enfrenta una serie de ocupaciones a instituciones públicas por parte de organizaciones indígenas y sociales que instalaron campamentos en diferentes sedes ministeriales, como parte de una jornada de protesta que generó debate nacional. Entre los puntos más señalados por la opinión pública, destaca la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, que afirmó que grupos delincuenciales estarían detrás de los hechos.
Las declaraciones del ministro no pasaron desapercibidas, pues el jefe de cartera Benedetti sostuvo en conversación con el diario El Tiempo que mantiene lo dicho y que no contempla ningún tipo de retractación: “No me voy a retractar. Como sigan esas prácticas, me imagino que cada mandatario local o ente territorial, en su libre albedrío, van a proceder, a reaccionar ante esas acciones violentas”.
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Las protestas se desarrollan en medio de cuestionamientos sobre su organización y objetivos reales. Una de las figuras visibles de la jornada es Érika Isabel Prieto Jaime, q ue hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Robert Daza, del Pacto Histórico.
Benedetti señala planificación y vínculos con estructuras criminales
La participación de Prieto llamó la atención por su vinculación con un congresista del mismo bloque político del Gobierno. La vocera rechazó las declaraciones del ministro y afirmó que su presencia en las tomas busca llamar la atención sobre compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo.
A pesar de las solicitudes de rectificación, Benedetti expresó con firmeza que no existe motivo para cambiar su posición, pues dijo que las tomas no son espontáneas ni pacíficas: “Ellos llegaron la madrugada del lunes a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y en la madrugada del martes ya se estaban tomando los ministerios y las otras oficinas. Luego, ellos no venían a negociar, venían a ‘calentar el ambiente’ de convivencia. Eso no lo hace alguien que quiere negociar. Es claro que ahí tienen que ver estructuras delincuenciales. Todo estaba planeado para eso, premeditado”.
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En cuanto a la posibilidad de que grupos armados organizados estén involucrados, el alto funcionario prefirió no hacer afirmaciones concretas, pero señaló que los informes que ha recibido son claros: “Esa es una buena pregunta. No le puedo contestar, pero las inteligencias sí hablan de estructuras criminales”.
Dentro de las instalaciones ocupadas se encuentra una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hecho que también fue mencionado como un indicador de la gravedad del asunto. Según Benedetti, la toma de ese espacio específico no puede entenderse como un acto casual.
Sobre el vínculo entre la vocera Prieto Jaime y el senador Robert Daza, el ministro afirmó que la responsabilidad no recae en su cartera: “No es ‘fuego amigo’. El senador debería preocuparse de ella, no yo”.
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El senador Daza, por su parte, expresó su inconformidad con las afirmaciones del ministro, de acuerdo con el diario en mención, dijo que sus palabras carecen de fundamento y representan un ataque injustificado contra quienes protestan.
“Si él no tiene pruebas que evidencien lo que está diciendo, le está diciendo mentiras al país y estigmatizando a la gente que ha venido con un proceso de diálogo que el Gobierno ha incumplido. El ministro Benedetti tiene que retractarse porque es una acusación temeraria, ellos están en una situación muy grave en los territorios y encima el ministro viene a rematar con estas palabras ligeras”, señaló congresista.
La situación genera tensión tanto en el Congreso como dentro del propio Ejecutivo, debido a la cercanía política entre los actores involucrados. Las tomas crearon un desafío logístico para las entidades ocupadas y, además, abren una discusión sobre los límites de la protesta social frente a la seguridad institucional.
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Benedetti, pese a los señalamientos, se mantuvo firme: “Todo estaba planeado. Quienes llegaron no buscaban diálogo ni acuerdos. No fue una movilización común. Hay información clara de que estructuras criminales están presentes. Esa realidad no la voy a ocultar”.
Con estas afirmaciones, el jefe de la cartera del Interior sostiene un punto de vista que pone en entredicho las intenciones de los organizadores y voceros de las tomas.