La madrugada del lunes 13 de octubre de 2025 marcó el inicio de una ocupación indígena sin precedentes en la Universidad Nacional de Bogotá.
Un grupo de indígenas identificados como integrantes del Congreso de los Pueblos ingresó a la sede principal y se instaló en espacios emblemáticos como la Concha Acústica, el estadio de atletismo, los coliseos auxiliares y el antiguo edificio del Icontec.
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En videos registrados por usuarios en redes sociales se puede ver como algunos miembros indígenas, en la entrada carrera 40 detienen a las personas que pretenden ingresar a la Nacho, requisando incluso sus maletas.
Según datos de la Universidad Nacional de Bogotá, el censo inicial registró la presencia de 1.720 personas, mientras que El Colombiano reportó que los ocupantes anunciaron la llegada de hasta dos mil personas adicionales provenientes de distintas regiones del país.
Esta acción, enmarcada en una movilización nacional para exigir atención a sus peticiones, generó un impacto inmediato en la vida universitaria y motivó una respuesta institucional de gran escala.
Ante la magnitud de la ocupación, la Universidad Nacional de Bogotá activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de entidades nacionales y distritales.
El comunicado oficial de la universidad detalló que el PMU contó con la presencia del Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los Viceministerios de Educación Superior y de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, así como la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Además, la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Apoyo a Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (Gaepvd) de la Personería de Bogotá acompañaron el proceso, según la información proporcionada por la universidad y confirmada por El Colombiano.
La respuesta institucional incluyó la destinación de recursos para atender la emergencia.
El Gobierno Nacional se comprometió a adecuar un hangar como refugio temporal y a instalar baños portátiles en la zona ocupada, mientras que la Secretaría Distrital de Salud habilitó un punto permanente de atención en salud.
Estas acciones se articularon con el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (Cprae) de la sede, con el objetivo de mitigar los riesgos y garantizar la seguridad tanto de los ocupantes como de la comunidad universitaria.
Uno de los aspectos que generó mayor sorpresa fue el desconocimiento previo de la movilización por parte de las autoridades. El Colombiano recogió la declaración de la Universidad Nacional de Bogotá, que afirmó: “El Gobierno Nacional no tenía ningún conocimiento de esta movilización”.
Esta falta de información previa obligó a una coordinación interinstitucional de emergencia, en la que participaron la Procuraduría General de la Nación, los ministerios del Interior y de Educación, y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, según detallaron ambas fuentes.
La ocupación tuvo un impacto directo en la comunidad universitaria. La Vicerrectoría de Sede Bogotá expresó su rechazo al ingreso no autorizado y subrayó que el campus no es un espacio adecuado para el alojamiento de personas.
En el comunicado oficial, la universidad hizo un llamado “al respeto de sus distintos espacios académicos y deportivos con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las labores de nuestra comunidad en el campus”. A pesar de la situación, la institución aseguró que las actividades de docencia, investigación y extensión continuarían con normalidad durante la semana, una información reiterada tanto por la universidad como por El Colombiano.
La Respuesta de la Vicerrectoría de la Nacional
A pesar de la jornada de protesta pacífica y la inesperada llegada de hasta dos mil manifestantes a la Universidad Nacional de Bogotá el lunes temprano, la institución mantiene su normalidad académica, según afirmó la vicerrectora Carolina Jiménez en entrevista con Caracol Radio.
La funcionaria subrayó que tanto las clases como otras actividades continúan desarrollándose.
La movilización social, enmarcada por la plataforma Congreso de los Pueblos, reunió en la portería de la carrera 40, alrededor de las seis de la mañana, a unas “cuatrocientas, quinientas personas”, cifra que posteriormente se incrementó hasta mil setecientas o dos mil, de acuerdo con estimaciones de la vicerrectora.
Estas agrupaciones, puntualizó, no corresponden exclusivamente a comunidades indígenas, sino que “ahí circulan comunidades campesinas, afro, también organizaciones estudiantiles”, todos con una serie de planteamientos públicos sobre críticas a la doctrina de seguridad nacional y el combate al paramilitarismo, según sus declaraciones recogidas por el medio mencionado.
Sobre el proceder de las autoridades, Jiménez aseguró que al conocer la situación, la universidad notificó a “Ministerio Público, Gobierno Nacional y Gobierno Distrital”, constatando que “todas las entidades señalaron que no tenían conocimiento de esta movilización que nosotros estábamos expresando que había llegado a la universidad”.
En relación con las condiciones de seguridad y los procedimientos internos, la vicerrectora precisó que el campus cuenta con protocolos de vigilancia y seguridad mediante una empresa privada. No obstante, reconoció que ante el volumen de la movilización “no tenemos unas condiciones para impedir el ingreso”, señalando que, históricamente, estos eventos no son recientes: “La universidad ha tenido presencia de organizaciones sociales, de movimientos sociales en su campus”.