La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de bienes por más de 53.000 millones de pesos que fueron incautados a la red de lavado de activos liderada por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, alias Black Jack y Marcos, señalados por articular el envío de cocaína del Clan del Golfo hacia Europa.
La Fiscalía General de la Nación informó que los bienes afectados con medidas de extinción de dominio incluyen 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicados en Pereira, Cartagena y Bogotá. Las propiedades, según las autoridades, formaban parte del entramado financiero que facilitaba el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
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“Esta acción reafirma el compromiso institucional con la recuperación de activos ilícitos y la lucha contra las economías ilegales que afectan el patrimonio público”, indicó la SAE en un comunicado.
El operativo se llevó a cabo de forma coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia —a través de las direcciones de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio—, la Guardia Civil de España y Europol, con el objetivo de desarticular una estructura que operaba entre América y Europa.
Las investigaciones determinaron que los hermanos Prada Moriones, junto con otros implicados, dirigían una red encargada de canalizar recursos provenientes de la venta de cocaína hacia Europa mediante complejos esquemas financieros. Alias Black Jack y Marcos fueron capturados en España tras la emisión de notificaciones rojas de Interpol, solicitadas por las autoridades colombianas.
Junto a ellos también fue detenido Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, quien permanece bajo custodia en territorio español. En Colombia, las autoridades capturaron a Brenda Yineth Pineda Bedoya, conocida como “La Contadora”, y a Jimmy García Solarte, en Medellín y Pereira, respectivamente. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.
“La acción coordinada permitió la captura de los principales cabecillas de la organización y la incautación de bienes por más de 53.000 millones de pesos”, precisó la Fiscalía en su reporte oficial.
Modo de operar de la red criminal
Según el ente acusador, la red criminal utilizaba rutas marítimas desde los puertos de Turbo, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, así como desde Guayaquil (Ecuador), para el envío de cocaína hacia Bélgica, Francia, Holanda y España. El dinero producto de estas operaciones era posteriormente lavado mediante sociedades de papel, inversiones inmobiliarias, tecnológicas y de construcción, así como transferencias a través de sistemas financieros tradicionales y billeteras virtuales de difícil rastreo.
Las autoridades estiman que el grupo logró blanquear al menos 182.000 millones de pesos, utilizando un entramado de empresas ficticias que otorgaban apariencia de legalidad a los recursos provenientes del narcotráfico.
Las medidas impuestas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los bienes afectados. Además, fueron incautados otros activos con fines de comiso por más de 2.200 millones de pesos, presuntamente relacionados con la misma red.
Los bienes pasarán ahora a la administración de la SAE, que gestionará su uso legal mientras avanza el proceso judicial. “El propósito es garantizar que estos recursos sirvan a fines lícitos y contribuyan a la reparación del daño causado por las economías ilegales”, afirmó la entidad.
Mientras tanto, los detenidos en Colombia permanecen vinculados al proceso penal, y los capturados en España están a la espera del aval para su extradición a Colombia, donde serán judicializados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
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