La defensa de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, respondió con firmeza a la reciente compulsa de copias ordenada por la jueza Claudia Marcela Castro en Medellín, que involucra tanto al exmandatario como a su hermano, Santiago Uribe Vélez, en el caso de los asesinatos de los abogados José María Valle y Eduardo Umaña.
Según declaraciones recogidas por Semana, el abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, sostiene que los testimonios de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ramiro “Cuco” Vanoy desmienten de manera categórica cualquier vínculo de los hermanos Uribe con estos crímenes, cuestionando así la validez de la decisión judicial.
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La compulsa de copias se originó a partir de una declaración emitida en julio de 2008 por el exparamilitar Francisco Villalba, quien afirmó que en 1997 se celebró una reunión en la finca La Marranera para planear atentados contra defensores de derechos humanos, entre ellos los abogados Valle y Umaña, así como el periodista Jaime Garzón Forero.
Esta versión fue la base para que la jueza Castro ordenara la apertura de una nueva investigación contra los Uribe Vélez, según detalló Semana.
En respuesta, Granados enfatizó que la defensa cuenta con múltiples testimonios que contradicen la versión de Villalba.
El abogado subrayó ante Semana que, tras su extradición a Estados Unidos, Salvatore Mancuso colaboró con las autoridades colombianas y, bajo juramento, negó la participación de Álvaro y Santiago Uribe en los hechos señalados.
“En una de esas declaraciones se refirió Mancuso, a esta versión de Villalba, diciendo que no es cierto lo que dijo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, bajo juramento, porque esas son declaraciones que se hacen bajo juramento”, afirmó Granados.
Además, la defensa destaca el testimonio de Ramiro “Cuco” Vanoy, excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien también fue extraditado y posteriormente declaró ante la justicia.
Granados explicó a Semana la relevancia de este testimonio: “¿Por qué es importante Ramiro, alias Cuco Vanoy? Porque este señor fue el que dio las tropas para realizar las masacres de La Granja y El Aro, por tanto, tenía conocimiento de toda la operación, y él, bajo juramento, fue categórico en decir que nada tenía que ver Álvaro ni Santiago Uribe Vélez”.
La supuesta reunión en la finca La Marranera, señalada por Villalba como el escenario donde se habría planeado la violencia contra defensores de derechos humanos, constituye el eje de la acusación.
Sin embargo, la defensa insiste en que no existen pruebas materiales que respalden esta versión y que los testimonios de Mancuso y Vanoy, ambos con conocimiento directo de las operaciones paramilitares de la época, la desmienten de manera contundente.
Granados también criticó la decisión de la jueza Castro, argumentando que la compulsa de copias se realizó “sin ningún análisis, sin ningún contexto”.
De cara al futuro del proceso, la defensa de los Uribe Vélez confía en que la justicia colombiana evaluará los elementos presentados y determinará que no existen fundamentos para continuar con la investigación.
Granados manifestó a Semana su expectativa de que el caso sea archivado y que tanto el expresidente como su hermano queden exentos de responsabilidad en estos hechos que han vuelto a captar la atención pública.
Crímenes de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza siguen impunes en Colombia
El asesinato de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, dos de los más reconocidos defensores de derechos humanos en Colombia, en 1998, sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia política.
Ambos abogados fueron asesinados tras denunciar la complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares, y sus muertes aún no han sido plenamente esclarecidas. Las investigaciones sobre estos crímenes han estado marcadas por la impunidad y la dilación.
Por el asesinato de Valle, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión a dos coautores materiales, pero no han sido capturados, y Carlos Castaño, señalado como autor intelectual, fue absuelto en segunda instancia.
En el caso de Umaña Mendoza, la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad en 2016, lo que lo hace imprescriptible, aunque los avances han sido mínimos y las solicitudes de entrevistas con exparamilitares han enfrentado obstáculos, según Verdad Abierta. Jesús María Valle Jaramillo nació en Ituango, Antioquia, en 1943.
Se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia y fue presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Desde mediados de los años noventa, Valle advirtió sobre la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, especialmente en las masacres de La Granja y El Aro.
En sus intervenciones públicas, señaló directamente a funcionarios como el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y a altos mandos militares, acusándolos de omisión y complicidad.
“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, afirmó en un discurso recogido por la Fundación Pares. El 27 de febrero de 1998, Valle fue asesinado en su oficina en Medellín por sicarios de la banda La Terraza, bajo órdenes de Carlos Castaño, según la Fundación Pares y Verdad Abierta.
El crimen ocurrió pocos días después de que Valle rindiera indagatoria ante la Fiscalía por una denuncia de calumnia, tras haber señalado la complicidad entre militares y paramilitares. En ese momento, tropas de la IV Brigada del Ejército realizaban operativos en el sector, y la familia denunció la falta de protección.
Eduardo Umaña Mendoza, nacido en Bogotá, fue pionero en la defensa de víctimas de desaparición forzada y de crímenes contra sindicalistas y líderes de izquierda. Representó a familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y denunció la participación de miembros del Ejército y de Ecopetrol en crímenes contra la Unión Sindical Obrera (USO).
Umaña Mendoza fue precursor en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia y se enfrentó a la doctrina del “enemigo interno”, que justificó la persecución y asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los años ochenta y noventa.
El 18 de abril de 1998, tres sicarios que se hicieron pasar por periodistas asesinaron a Umaña Mendoza en su oficina en Bogotá. Cuatro meses antes, se había denunciado el plan para matarlo, pero la investigación se desvió y se estancó, según los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano. Entre 1988 y abril de 1998 se registraron 729 agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales 568 fueron asesinatos, de acuerdo con documentos citados por Verdad Abierta.