Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá; Juan Camilo Goez Ruiz, alias Dimax; y Andrés Felipe Flórez Sotel, alias Chinga Pipe, serían los principales sospechosos detrás de la reciente ola de atentados y asesinatos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el país.
La gravedad de estos hechos generó preocupación entre las autoridades, que buscan frenar una escalada de violencia que ya ha cobrado la vida de cuatro servidores públicos en Bogotá D.C., Armenia (Quindío), Palmira y Cali (Valle del Cauca).
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Los nombres de “Pipe Tuluá”, “Chinga Pipe” y “Dimax” ya figuraban en investigaciones previas. Según las autoridades, estos sujetos, vinculados al crimen organizado en el Valle del Cauca y considerados delincuentes de alto perfil, comenzaron a amenazar a guardianes del Inpec desde 2020.
“(...) En el patio uno, en el patio dos, en los patios seis, siete, ocho y nueve, empezaron a amenazar a guardianes del Inpec y a funcionarios que cumplen actividades administrativas, con un panfleto que ellos denominaron, entre comillas, ‘Mago’, el cual contenía amenazas de muerte contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello Cubides.
Las amenazas, transmitidas mediante panfletos, marcaron el inicio de una campaña de intimidación y represalias contra el personal penitenciario. De los tres sospechosos, se confirmó que alias Chinga Pipe fue capturado el 28 de agosto de 2025 y permanece recluido en la cárcel de Tramacúa, en Valledupar.
Sobre “Pipe Tuluá” y “Dimax”, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, aunque su presunta vinculación con los hechos recientes es relevante para el desarrollo de los casos.
Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Jimmy Flores Salazar, ocurrido el 7 de octubre a las 6:40 p. m., cuando se dirigía a su hogar tras finalizar su turno administrativo en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Flórez, quien ya estaba pensionado, fue interceptado por delincuentes en motocicleta, que le dispararon antes de huir.
Investigan crimen de un médico adscrito a cárcel Villahermosa
A este hecho se suma el homicidio de Julián Campo Giraldo, médico de 39 años, adscrito a la cárcel de Villahermosa, que fue atacado a tiros el viernes 3 de octubre mientras se desplazaba en su vehículo por el barrio Belalcázar, tras culminar su jornada laboral.
El sacerdote de la cárcel de Villahermosa, Gerson Mauricio Marmolejo, transmitió un mensaje de apoyo a los allegados del médico Julián Campo Giraldo, resaltando su compromiso y calidad humana, y evidenciando el profundo impacto que estos crímenes han dejado en quienes conviven a diario con el riesgo y la incertidumbre.
“Nosotros aquí en nuestro establecimiento, a lo largo de cinco días, ya van dos personas. Primero, el viernes con nuestro médico, que desde acá le mandamos un mensaje de apoyo y de solidaridad para la familia de nuestro médico que el viernes pierde la vida. Yo tuve la posibilidad de conversar con él, era un hombre muy de Dios, muy responsable con su trabajo”, señaló el religioso a medios de comunicación locales.
Además, el 25 de septiembre, el director regional del Inpec en Cali fue blanco de un atentado con granada contra su vehículo, lo que evidencia la sistematicidad y el alcance de la ofensiva criminal.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades han desplegado una serie de acciones para contener la ola de violencia
El comandante de la Policía de Cali informó que, aunque no se han realizado capturas directas por los crímenes de los funcionarios en Cali y Palmita, se logró desarticular una estructura criminal en este último municipio, con la detención de ocho personas y la incautación de armas de fuego y prendas similares a las de la Policía.
Uno de los capturados tiene antecedentes por homicidio y tráfico de sustancias psicoactivas. Además, se han reforzado los dispositivos de seguridad en torno a los centros penitenciarios y durante los relevos de turno del personal, con patrullas policiales destinadas a prevenir nuevos ataques.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, reiteró la existencia de una recompensa de hasta $50 millones para quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables de los atentados.
García destacó la sistematicidad de los ataques y la necesidad de una respuesta coordinada entre la Policía Judicial, la Fiscalía y el Inpec, incluyendo ajustes en los horarios y medios de transporte del personal penitenciario para reducir su vulnerabilidad. Las líneas de denuncia permanecen abiertas para recibir información que permita esclarecer los homicidios y prevenir nuevos hechos violentos.
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