La controversia entre el Ministerio de Salud y el gremio de las EPS en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la respuesta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) a las recientes declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, desmintió públicamente la cifra de doce billones de pesos mencionada por el ministro como recursos entregados a las EPS por el Gobierno anterior y cuestionó la gestión estatal sobre las entidades intervenidas, así como el cumplimiento de las órdenes judiciales que afectan la financiación del sistema.
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Así lo expuso Vesga en entrevista con W Radio, donde defendió la posición del gremio y detalló los puntos de desacuerdo con la cartera de Salud.
En su intervención, Vesga rechazó la afirmación del ministro Jaramillo, quien advirtió que las EPS serían liquidadas si no saldaban sus deudas y aseguró que el gobierno de Iván Duque había transferido doce billones de pesos a estas entidades.
“Nuevamente faltan a la verdad, el ministro hace una afirmación sobre el acuerdo de punto final en valores que no coinciden con lo que en su momento entregó el gobierno anterior, ocho billones de pesos que se pagaron factura a factura, auditados a toda la red de prestación y de los cuales no quedó deuda sin pagar por las EPS”, declaró Vesga a W Radio.
De este modo, la dirigente gremial insistió en que la cifra real fue de ocho billones de pesos, y que los pagos se realizaron de manera transparente y sin dejar obligaciones pendientes con los prestadores de salud.
El debate sobre las cifras y el manejo de las deudas se intensificó cuando Vesga solicitó al ministro aclarar si en sus cuentas incluía las obligaciones de las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal.
La presidenta de Acemi advirtió que estas entidades, controladas por el Gobierno desde hace más de un año, presentan un deterioro patrimonial cercano a siete billones de pesos.
“Un deterioro patrimonial cercano a los siete billones de pesos en las EPS intervenidas, sin incluir a la Nueva EPS que no tiene estados financieros desde 2023, deterioro en la siniestralidad, pero también deterioro en la atención a los usuarios”, puntualizó Vesga en la conversación con W Radio.
Además, advirtió sobre la falta de información financiera actualizada de la Nueva EPS, lo que, a su juicio, dificulta la transparencia y la evaluación de la situación real del sector.
En el centro de las críticas de Acemi también se encuentra el incumplimiento de la orden de la Corte Constitucional sobre el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Vesga recordó que el Ministerio de Salud tenía plazo hasta el 2 de octubre para cumplir con esta disposición, que implica revisar y ajustar la financiación del sistema y saldar los rezagos que afectan la prestación de servicios.
“Recuerden ustedes que la Corte le dio una orden que se venció el pasado 2 de octubre al Ministerio de Salud para hacer el recálculo de la revisión de la UPC y pagar los rezagos que hay y que afectan la prestación, lo que ha habido es una desatención y un desacato”, afirmó la líder gremial en declaraciones recogidas por W Radio.
Según Acemi, la negativa del Gobierno a cumplir con esta obligación ha generado una desatención que repercute directamente en la sostenibilidad del sistema de salud.
El impacto de esta crisis financiera ya se refleja en la relación entre las EPS y los prestadores de servicios de salud. Vesga advirtió que varios prestadores han comenzado a cerrar servicios a los usuarios de las EPS con mayores deudas, especialmente en el caso de la Nueva EPS, señalada como la entidad con más obligaciones pendientes con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Esta situación, según la presidenta del gremio, agrava la atención a los usuarios y pone en riesgo la continuidad de los servicios médicos.
En este contexto, Vesga concluyó que los prestadores de salud no pueden asumir indefinidamente la carga financiera derivada de la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, lo que deja en evidencia la urgencia de una solución estructural para garantizar la estabilidad y el acceso a la atención médica en el país.