Las recientes declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez han puesto fin a los rumores sobre la política de seguridad y defensa de Colombia.
En entrevista con La W Radio, el funcionario negó que el Gobierno haya ordenado el envío de tropas a Gaza o la unión de los ejércitos de Colombia y Venezuela. Además, abordó la situación de la seguridad del presidente Gustavo Petro, la respuesta estatal ante protestas violentas y la gestión de crisis como los secuestros de funcionarios y la seguridad en regiones clave como Casanare.
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Durante la conversación con el medio radial, Sánchez rechazó las versiones que sugerían una posible intervención militar colombiana en Gaza. “Nunca se ha ordenado enviar tropas a Gaza, ni mucho menos ir a combatir. Quien diga lo contrario es un mitómano o un manipulador oportunista”, afirmó el ministro, advirtiendo que la postura del presidente Petro coincide con la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Sánchez, la posición oficial de Colombia frente a la crisis humanitaria en Gaza es exigir un cese al fuego permanente y el respeto al derecho internacional humanitario, descartando cualquier acción unilateral o participación en una fuerza multinacional sin mandato de la ONU.
“Es muy poco probable que al menos la ONU emita una decisión de conformar una fuerza multinacional con fines de mantenimiento de paz humanitarios. Para el caso colombiano, para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, nuestra prioridad es emplearlas para proteger nuestra nación, para garantizar la soberanía, lo que dice la Constitución, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y derechos y libertades”, señaló el ministro.
En cuanto a la relación con Venezuela, el ministro desmintió que exista una orden para fusionar las fuerzas armadas de ambos países. “Jamás el presidente ha dado la orden de unir ejércitos, él lo que ha dicho es que ningún soldado colombiano pasará la frontera con Venezuela y ningún soldado venezolano pasará la frontera con Colombia”, explicó Sánchez en W Radio.
El funcionario destacó que, aunque la cooperación en inteligencia y la articulación de capacidades son necesarias para enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico y la trata de personas, cada país mantiene su autonomía y soberanía en la gestión de la seguridad en sus respectivos territorios.
Sánchez recalcó que la frontera de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela no debe convertirse en un espacio propicio para el crimen organizado, y que la colaboración se limita a canales diplomáticos y de inteligencia, sin operaciones conjuntas ni fusión de ejércitos.
Sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro, Sánchez aseguró que no existen indicios de riesgo inminente, aunque reconoció que el cargo implica amenazas constantes.
“La información que tenemos es que no está en riesgo; sin embargo, no significa que no estemos alerta”, señaló el ministro, que detalló que la protección presidencial es una prioridad y que se mantiene una coordinación estrecha con la Junta de Inteligencia Conjunta y la Jefatura de Protección Presidencial.
Con relación con el retiro de 150 armas estadounidenses que estaban en comodato para la seguridad de la Casa de Nariño, Sánchez indicó que el episodio refuerza la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en materia de defensa, sin dejar de valorar la cooperación internacional.
El ministro también se refirió a la respuesta estatal frente a las protestas y manifestaciones violentas que han tenido lugar en el país. Sánchez defendió el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que la violencia constituye un delito y que el Estado no la tolerará.
“La manifestación violenta es un delito, frente a esto hay que prevenir, y para prevenir hay que ser promotores de una cultura de respeto”, expresó en W Fin de Semana.
El titular de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar la incitación al odio y la desinformación, y anunció que la fuerza pública, incluida la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), está preparada para proteger a la población y garantizar la seguridad de empresarios y ciudadanos ante eventuales agresiones.