La fiscal general Luz Adriana Camargo deberá rendir un informe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes frente a los avances que ha tenido la investigación sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Esta solicitud surge tras las denuncias que señalan posibles omisiones en la Fiscalía, las cuales habrían facilitado la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y figura clave en el caso, a Nicaragua, así como de César Manrique, exdirector de Función Pública, igualmente implicado en el escándalo de corrupción, ambos con circular roja de Interpol.
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La congresista María Eugenia Lopera, integrante del Partido Liberal y cercana al Gobierno de Gustavo Petro, fue quien, en calidad de investigadora, exigió a la fiscal general que entregue en un plazo de quince días hábiles un reporte exhaustivo sobre cada una de sus intervenciones relacionadas con el caso en cuestión.
“La idea es que obren como prueba”, expresó la parlamentaria en declaraciones citadas por Semana.
El nombramiento de Lopera como instructora ha sido objeto de cuestionamientos, dado su alineamiento con iniciativas del Ejecutivo, lo que ha llevado a sectores políticos y de la opinión pública a poner en duda la objetividad de la investigación.
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Además, en la investigación participan los representantes Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), quien actúa como coordinador ponente; Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde); y Wadith Manzur (Partido Conservador). El congresista Christian Garcés (Centro Democrático) también presentó una denuncia adicional y fue convocado para ratificarla.
De dónde surge la investigación contra Luz Adriana Camargo
La investigación se dio tras la presentación del expediente 7049, que tiene como denunciante a Pablo Bustos, miembro de la Red de Veedurías de Colombia Veedores sin Fronteras.
De acuerdo con la información divulgada por el mismo medio de comunicación, Bustos acusó a la fiscal Camargo de presunto abuso de la función pública y favorecimiento, entre otros delitos.
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Según su denuncia, la máxima autoridad de la Fiscalía, designada por el presidente Petro, habría permitido que el organismo judicial incurriera en omisiones y retrasos al emitir la orden de captura contra Carlos Ramón González, lo que posibilitó que este planeara su huida.
“Señala el denunciante que los principios de oportunidad y preacuerdos de estos exfuncionarios han sufrido considerables retrasos, en tanto que otros responsables se han adelantado de la manera más expedita, y la Fiscalía no recurrió la negativa de preacuerdo de Olmedo, y le fue rechazado el principio de oportunidad de Olmedo, por hechos que se vinculan directamente con los imputados a Carlos Ramón González”, se lee en el documento expuesto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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Además, Miguel Ángel Bustos sostuvo que la fiscal Camargo podría haber incurrido en conductas tipificadas como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
Asilo de Carlos Ramón González
Desde el 10 de junio de 2025, Carlos Ramón González se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para solicitar asilo político.
De acuerdo con el documento oficial, la orden de captura contra González fue emitida el 3 de julio de 2025, es decir, seis meses después de la detención de Sandra Liliana Ortíz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, y un año más tarde que la captura de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exsubdirector y exdirector de la Ungrd, respectivamente.
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Posteriormente, el 20 de agosto del mismo año, Daniel Ortega le concedió la protección política, a pesar de las acusaciones en su contra.
La acusación sostiene que fondos de la Ungrd habrían sido utilizados para realizar pagos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el objetivo de modificar el orden del día y facilitar la elección de Fernández como magistrado.
Durante sus declaraciones ante la justicia, Sandra Ortiz ha manifestado reiteradamente que no existen garantías para ejercer plenamente sus derechos dentro del ente acusador y ha señalado hechos que, a su juicio, respaldan las denuncias sobre el uso político de los recursos de la Ungrd.
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