La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de expulsar de manera definitiva al abogado Jimmy Andrés Gasca marca el desenlace de una compleja trama criminal en Caquetá que involucró la fuga de Raúl Alzate Balanta, conocido como alias el Enano, disidente de las Farc.
El caso, que derivó en la muerte de un policía y el suicidio de un fiscal, expuso la participación de funcionarios judiciales y policiales en un plan para acceder a una caleta con ocho mil millones de pesos en efectivo y armamento.
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La investigación determinó que Gasca no solo ejercía la defensa técnica de Alzate Balanta, sino que ideó y lideró un operativo delictivo cuyo objetivo era liberar al disidente a cambio de la ubicación de una supuesta caleta perteneciente a la guerrilla.
Según la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, “la intervención del abogado Gasca Osorio se dio de dos formas que guardan relación entre sí.
Primero, acudiendo a David Silva para que extrajera a Raúl Alzate de manera fraudulenta de las instalaciones de la URI de Florencia el 16 de octubre de 2020, que, a su vez, por instrucción del abogado, asistió al fallecido policía Moreno Ballén, que acudió a la URI cambiando su identidad y bajo la falsa excusa de una cita médica sacó a Alzate de ese centro de detención, después de lo cual se lo entregó a David Silva y este último, junto con Alzate Balanta, se dirigieron a la vivienda de Gasca Osorio”.
El operativo se puso en marcha el 16 de octubre de 2020, poco después de que el Ejército anunciara la captura de Alzate Balanta, considerado entonces uno de los objetivos prioritarios de las disidencias de las Farc. El plan consistió en simular una cita médica para sacar al detenido de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Florencia. El expolicía Giovanny Moreno Ballén, contratado por Gasca por 100.000 pesos, se hizo pasar por otro agente y trasladó a Alzate en un vehículo conducido por el patrullero David Silva Tunjano.
La participación de Silva resultó clave, ya que había sido cliente de Gasca y, por sus conexiones, contactó a los demás implicados. Tras recoger al abogado, el grupo se dirigió al municipio de Cartagena del Chairá, donde se encontraron con Édgar Varona Vargas, asistente del fiscal local, y pasaron la noche en un hotel. Al día siguiente, se sumó el fiscal seccional Alexander Zuzunaga y el patrullero Walter Arango. El grupo abordó una lancha hacia Peñas Coloradas, presentándose ante los controles militares como miembros de la Fiscalía en una supuesta comisión para ubicar fosas comunes.
La maniobra levantó sospechas entre el personal militar, especialmente cuando el mayor Luis Muñoz ofreció acompañamiento, que fue rechazado por el grupo. Ante la alerta de las autoridades, la falsa comisión regresó a Florencia sin haber encontrado la caleta. Alzate Balanta aprovechó la confusión para huir y desde entonces permanece prófugo. “”El Enano”, entonces, quedó libre y tomó un taxi ‘con rumbo desconocido’”, según la reconstrucción de los hechos.
Las consecuencias del plan fueron graves para los involucrados. El patrullero Moreno Ballén fue asesinado en diciembre de 2020, de acuerdo con la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Por su parte, el fiscal Alexander Zuzunaga se quitó la vida en junio de 2023, presuntamente debido a la presión derivada de las investigaciones por abuso de autoridad y cohecho. Antes de morir, dejó una carta y grabó dos videos en los que relató su presencia en Peñas Coloradas el día de la fuga y denunció amenazas en su contra.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recogió que “en uno de los cuales se refería a los hechos del 17 de octubre de 2020: allí confirmaba que ese día el servidor judicial Édgar Varona lo había recogido para verificar la situación de unas armas enterradas en una finca cercana a la base militar de Peñas Coloradas. Ratificó también la presencia del abogado Jimmy Andrés Gasca en el sitio y de otras personas a las que no conocía”.
El patrullero David Silva Tunjano, que contactó a los demás partícipes por instrucción de Gasca, pactó en 2021 un principio de oportunidad con la Fiscalía, colaborando con las autoridades y delatando a sus compañeros.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, concluyó que Gasca fue el principal responsable de la operación y decidió su exclusión definitiva del ejercicio del derecho. Además, Gasca enfrenta un proceso penal por cohecho por dar y ofrecer.
El caso de Raúl Alzate Balanta, alias El Enano, sigue sin resolverse, ya que el disidente continúa en libertad. Las investigaciones lo vinculan con extorsiones a comerciantes y ganaderos en Caquetá, especialmente en el municipio de Belén de los Andaquíes, así como con el asesinato de dos líderes indígenas en el sur del departamento.