A pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación presentó ante el Congreso de la República el “Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final”, en el cual se incluyen 256 recomendaciones a las entidades responsables de su implementación.
Uno de los apartados más destacados se centra en la seguridad de los líderes políticos, en especial después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ―cuyo atentado se registró el 4 de junio de 2025, y su fallecimiento fue el 11 en agosto de 2025―, tras no recuperarse de las graves heridas sufridas en el ataque.
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Según el documento, este crimen se constituye en “un hecho de alto impacto político y simbólico, que evidencia la fragilidad de los esquemas de seguridad incluso para líderes nacionales con alta visibilidad”, dejando en entredicho la efectividad de las medidas adoptadas por las instituciones encargadas de la protección política.
Vacíos estructurales en la protección
La Procuraduría advirtió que existen deficiencias estructurales en las garantías de seguridad para los miembros de la oposición y dirigentes políticos en general. El organismo de control señaló que la información suministrada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) es fragmentada e incompleta, lo que impide una evaluación precisa de los riesgos y la implementación de estrategias efectivas.
De acuerdo con el informe, la información entregada por estas entidades “carece de variables esenciales como la afiliación política, la pertenencia étnica o el tipo de medida adoptada”, factores fundamentales para diseñar planes de protección adecuados a cada caso.
Además, se evidenció la falta de coordinación interinstitucional y de mecanismos que permitan la anticipación frente a amenazas. Esto se refleja en los esquemas de seguridad insuficientes y en la respuesta tardía a situaciones de riesgo, como la que afectó al senador Miguel Uribe Turbay.
Advertencia sobre el programa de protección
El informe también señala que, aunque el Decreto 638 de 2025 creó el Programa de Protección Integral (PPI) para garantizar la seguridad en el ejercicio de la política, su puesta en marcha ha sido limitada debido a la ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Este plan debía definir lineamientos operativos, indicadores y mecanismos diferenciados, pero no ha sido formulado ni implementado en su totalidad.
“La efectividad del Programa de Protección Integral se ve limitada por la falta de un plan estratégico que oriente su ejecución y permita evaluar su impacto”, enfatizó la Procuraduría en su informe.
Esta situación ha generado que las medidas de prevención no se apliquen de manera oportuna y que persistan zonas de alta vulnerabilidad para los líderes políticos y sociales.
Como consecuencia de estos hallazgos y de la muerte de Uribe Turbay, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra el director de la UNP, con el fin de establecer si existió negligencia en la evaluación de riesgos y en la adopción de medidas para proteger al senador y precandidato presidencial.
Amenazas a organizaciones políticas
Durante la recolección de información para la elaboración del informe, varias organizaciones políticas reportaron amenazas y dificultades para acceder o mantener esquemas de protección por parte de la UNP. Sin embargo, otras no solicitaron medidas de seguridad, evidenciando la falta de un sistema unificado para atender y priorizar los casos.
El documento señala que “en todos los casos se constató una débil capacidad de seguimiento interno para registrar riesgos y exigir medidas de protección, lo que limita la anticipación institucional y mantiene espacios de vulnerabilidad para sus integrantes”.
El organismo de control reiteró su llamado al Gobierno nacional para que fortalezca la coordinación entre la UNP, la Fiscalía y las demás entidades involucradas, con el fin de garantizar la protección efectiva de líderes políticos, opositores y defensores de derechos humanos, y evitar que se repitan hechos como este que afectan la democracia y la estabilidad institucional.