El caso del asesinato del economista colombiano Felipe Martínez Mantilla, ocurrido en octubre de 2024 en Río de Janeiro, tuvo un avance crucial a mediados de septiembre de 2025; casi un año después.
La justicia brasileña dictó sentencia contra Claudia Mayara Alves Soliva, identificada por las autoridades como una de las responsables de su muerte del joven de 33 años, imponiéndole una pena de 20 años de prisión por el delito de latrocinio, es decir, robo con resultado de muerte.
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El economista trabajaba como asesor del Ministerio de Hacienda en Colombia y había sido parte de importantes proyectos, como la Regla Fiscal Verde, uno de los pilares fundamentales de la Ley de Financiamiento que se discutió en el Congreso de la República.
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Mantilla murió luego de ser drogado con un cóctel de sustancias que incluía rivotril, mdma y etanol, conocido en ese país como “Boa-Noite Cinderela” (Buenas noches, Cenicienta). De acuerdo con los informes forenses, estas sustancias le provocaron un edema pulmonar que terminó con su vida durante la madrugada del 15 de octubre de 2024, pocas horas después de que fue abordado por dos mujeres en un bar de la zona turística de Río de Janeiro.
La jueza del 36º Juzgado Penal de la Capital consideró plenamente probada la autoría y participación de Claudia Mayara en los hechos, basándose en testimonios clave, evidencias documentales y pruebas técnicas recogidas a lo largo de un proceso que duró cerca de un año.
La sentencia: justicia brasileña condena a mujer por caso Felipe Martínez
La condena a Claudia Mayara se sustentó en la aplicación del artículo 157, enciso II del Código Penal brasileño, que tipifica el robo seguido de muerte. La acusación, presentada por la promotora de justicia Ana Cristina Fernandes Pinto Villela, sostuvo que la acusada actuó con conocimiento de causa y que participó de manera directa en el acto que derivó en la muerte del ciudadano colombiano.
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En su alegato final, la fiscal señaló: “Todo el análisis de los hechos y de las pruebas aportadas a los autos refuerza que la acusada actuó de forma consciente y con el objetivo de sustraer bienes de la víctima, lo que resultó en su muerte. Por ello, las alegaciones de la acusada de que no sabía de la práctica del delito o de que no se benefició de él deben ser desconsideradas, pues son completamente desmentidas por las pruebas”.
La sentencia establece que la acusada, en compañía de otra mujer no identificada, administró a Felipe Martínez una dosis significativa de sustancias sedantes con el fin de reducir su capacidad de reacción y facilitar el robo. Luego de que el economista perdiera el conocimiento, lo subieron a un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte.
El conductor del servicio, al notar que el pasajero se encontraba en un estado crítico, lo trasladó a un hospital y a pesar de los intentos del personal médico, Felipe falleció a las pocas horas.
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Pruebas fundamentales: el papel clave del conductor
El fallo judicial se apoyó en una serie de elementos considerados contundentes por el Ministerio Público. Entre ellos destacan los informes forenses de necropsia y toxicología, las declaraciones de testigos presenciales y el registro de transacciones financieras realizadas con las tarjetas bancarias de la víctima después de su fallecimiento.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del conductor de la plataforma de transporte, que relató que recibió la solicitud de viaje desde el teléfono celular de la acusada. El chófer describió que Felipe Martínez “estaba fuera de sí” y que, al subirlo al vehículo, se desmayó. También declaró que Claudia Mayara se negó a acompañarlo al hospital, alegando que debía llevar a su hija al colegio.
La Fiscalía también presentó como prueba el reconocimiento fotográfico realizado por el conductor, que identificó sin lugar a dudas a Claudia Mayara como la mujer que solicitó el servicio y que lo ayudó a introducir al economista en el vehículo.
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Asimismo, la comisaria responsable del caso, Lorena Gonçalves Lima Rocha, indicó que la acusada fue rastreada mediante su número telefónico y a través del registro de compras realizadas con la tarjeta del colombiano, las cuales continuaron incluso después de su fallecimiento. En uno de los casos más evidentes, Claudia Mayara publicó una fotografía en redes sociales con un teléfono celular que había sido adquirido con la tarjeta de la víctima.
Aunque la condena representa un paso importante hacia la justicia, la familia del economista continúa exigiendo respuestas. La búsqueda de la segunda mujer implicada y la posibilidad de nuevas detenciones forman parte de las diligencias que aún siguen abiertas en la Policía Civil de Río de Janeiro.