En Doha (Catar) avanzó la primera ronda de negociación entre el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático en un comunicado, el encuentro se desarrolló entre el 14 y el 18 de septiembre de 2025, en la que se abordaron temas fundamentales como la renuncia al uso de armas, la construcción de paz y los desafíos estructurales que enfrenta el proceso.
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“El Estado de Qatar anuncia su mediación en el proceso de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmando su compromiso continuo de resolver conflictos mediante el diálogo y medios pacíficos, y de promover la paz y la estabilidad en diferentes regiones del mundo”, señaló el ministerio catarí en un comunicado.
Durante las jornadas de negociación, se establecieron medidas de confianza y se promovió el diálogo con el objetivo de alcanzar consensos y soluciones que protejan los derechos tanto de las partes involucradas como de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
“Al final de esta ronda, las partes acordaron establecer la mesa de diálogo en Doha y continuar el proceso de negociación, subrayando la importancia de avanzar hacia acuerdos que beneficien a todos los sectores de la sociedad colombiana”, manifestaron.
Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Catar, explicó que la operación de construcción de paz en Colombia se ha desarrollado en etapas organizadas, “basados en principios que incluyen la reducción y el cese de la violencia, y el cumplimiento de los acuerdos relacionados con temas humanitarios, con apego a las leyes nacionales e internacionales, y garantizando la participación de todos los actores relevantes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto”.
Uno de los resultados más relevantes de esta primera ronda fue el acuerdo para celebrar una nueva serie de diálogos en Doha, cuya fecha está pendiente de confirmación.
Compromisos del Gobierno Petro
Este proceso, denominado formalmente “Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia-(a)EGC y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”, quedó plasmado en un documento firmado por Álvaro Jiménez Millán, delegado del Gobierno colombiano, y Armando Pérez Castañeda, vocero del Clan del Golfo.
Por el lado del Ejecutivo, se comprometieron a un “piloto” para la etapa de construcción de confianza que se desarrollará en los municipios de Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).
“Se establece la implementación de un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito en los cinco municipios, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos. Para ello se constituirá un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilicito (DSCI)”, se lee en el documento.
También, se conformará un grupo de trabajo liderado por Migración Colombia con el objetivo de “desestimular los factores de ilegalidad que afectan los derechos de las personas migrantes y la soberanía del Estado”. Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encabezará un equipo encargado de abordar problemáticas relacionadas con la protección de cuencas, la explotación de madera y fauna, los impactos de la minería y la expansión de la frontera agrícola.
Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el poder judicial y las autoridades administrativas competentes, desplegará una “presencia permanente adaptada a las características sociales, históricas, económicas, culturales y políticas de cada territorio, para su fortalecimiento”.
“El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana será el instrumento que rija todas las dimensiones de la vida social en estos municipios. Se definirá conjuntamente con el EGC, el desarrollo de una estrategia pedagógica dirigida a sus integrantes con sentido étnico, poblacional, diferencial y territorial para este propósito”, aseveró la delegación del Gobierno.
Compromiso del Clan del Golfo
De otro lado, la representación del Clan del Golfo también asumió compromisos clave para avanzar en el proceso de paz, como por ejemplo, respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual realizará un censo interno que permita identificar la presencia de menores de edad en sus filas. En caso de detectarlos, serán puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Además, expresaron que respetará y no interferirá en el desarrollo de los procesos político-electorales, impulsando campañas pedagógicas entre sus miembros para promover el respeto a las elecciones libres.
“Además, mantendrá el respeto y el acceso de las instituciones del Estado, sin interferencias, en el trabajo que estas realicen en beneficio de la población civil”, sostuvieron.
Otro de los compromisos asumidos consiste en mantener el respeto y el acceso de las instituciones del Estado en el trabajo que estas realicen en beneficio de la población civil. El grupo armado también se comprometió a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en concordancia con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Tratado de Ottawa.
“El EGC seguirá con su compromiso de promover, respetar y garantizar que sus miembros cumplan con los principios del Derecho Internacional Humanitario distinción, humanidad, proporcionalidad y precaución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Gobierno nacional y el EGC se comprometen a evitar prácticas como la perfidia que pongan en riesgo a la población civil o dañen la confianza en los servicios públicos y privados”, se menciona en el comunicado.
Finalmente, en el acuerdo quedó reflejada la postura del grupo armado, que rechaza ser catalogado como organización paramilitar o neoparamilitar, “y reitera que la clasificación jurídica del EGC se determinará de conformidad con el derecho internacional y colombiano y los mecanismos de justicia transicional”.