El reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso una sanción de ocho años de restricción de derechos a siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros, desató una fuerte polémica en Colombia.
La decisión, que no contempla penas de cárcel, ha sido recibida con rechazo por parte de varias víctimas del conflicto armado, entre ellas Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y una de las secuestradas más emblemáticas de la antigua guerrilla.
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En entrevista con Blu Radio, Betancourt anunció que su equipo estudia llevar el caso ante la justicia internacional, al considerar que la sentencia representa un escenario de impunidad y deja en segundo plano los derechos de las víctimas.
“Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las Farc total impunidad. Y esto es obviamente doloroso para las víctimas, pero muy preocupante para Colombia”, afirmó.
“Los únicos restaurados son los criminales”
Betancourt, quien estuvo cautiva durante más de seis años, fue enfática en señalar que el fallo no le genera ningún sentido de reparación.
“Yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”, aseguró. Para la excongresista, los beneficios otorgados desconocen los testimonios y exigencias de quienes padecieron el secuestro.
Según explicó, aunque aún existen recursos de apelación ante la propia JEP y la justicia ordinaria, lo más probable es que su equipo opte por acudir a instancias internacionales.
“Yo creo que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional (…) este proceso se vendió al mundo como un modelo de no impunidad y reparación a las víctimas, pero nada de esto se dio”, subrayó.
La excongresista también criticó el componente económico de la reparación. Señaló que, mientras a las víctimas se les niegan respuestas y compensaciones, los exjefes de las Farc han recibido beneficios.
“Son dos millones de personas víctimas de las Farc que vieron sus vidas truncadas (…) nada de esto se dio. A las Farc les han dado recursos, y la misma sentencia dice que van a pagar con recursos del presupuesto nacional. Es el mundo al revés”, cuestionó.
Críticas desde organizaciones de víctimas
El fallo también ha generado inconformidad en sectores sociales y de derechos humanos. Enrique Pertúz, coordinador de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, advirtió en Caracol Radio que la sanción “no genera confianza” en las comunidades afectadas.
“La sanción ha generado un gran debate porque ocho años frente al número de delitos confesados y que no van a pagar un solo día de cárcel, ha generado más inconformidad que aceptación”, dijo.
Según Pertúz, con la sentencia los excomandantes no están obligados a seguir confesando hechos violentos: “Ahí lo que hay es borrón y cuenta nueva. Las víctimas dicen que lo único que queda es esperar la justicia divina, porque ya no hay absolutamente nada que hacer”.
El defensor recordó que en regiones como Norte de Santander, donde operó el Frente 33 de las Farc, aún quedan pendientes esclarecimientos sobre desapariciones forzadas y homicidios.
La defensa de la JEP
Ante las críticas, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, defendió la decisión, calificándola de “histórica”. “Es la primera vez que en Colombia hay un fallo por más de 21.000 secuestros”, subrayó en Blu Radio.
Ramelli explicó que las sanciones no buscan cárcel, sino reparación y restablecimiento de derechos, a través de labores como la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario y acciones simbólicas.
“Todos los daños que se han causado en la guerra en Colombia son irreparables. Lo que son, son unas labores pensadas en clave de restablecimiento de los derechos”, afirmó.
En cuanto a la reparación económica, señaló que esta corresponde a la vía administrativa y a los bienes de las Farc sometidos a procesos de extinción de dominio.
“Todos los bienes que están en extinción de dominio relacionados con las Farc tienen que ir para la reparación de las víctimas”, puntualizó.
Ramelli también aclaró que los excomandantes estarán bajo control con dispositivos electrónicos y un sistema de monitoreo por parte de la JEP y la misión de verificación de la ONU. “Sí hay una restricción a los derechos y un monitoreo estricto”, indicó.